República burocrática socialista

El estado indolente ante la emergencia que enfrenta el emporio textil de Gamarra.

Qué contradictorio es el Perú. Pareciera que tiene tres ejércitos diferentes viviendo bajo el mismo techo. Por un lado el sector formal, tradicional, y capitalista, que dice llamarse República Peruana, con su gobierno y sus instituciones. Por otro lado, el sector informal, también capitalista y emprendedor, responsable del 90% del empleo y de casi la mitad de la riqueza producida, surgido como consecuencia de las contradicciones políticas, del fracaso de la República, de los partidos y de la institucionalidad. Finalmente la burocracia estatal, que agrupa a una amplia mayoría de peruanos, empleados de ministerios y “instituciones de control” que han adquirido un poder discrecional capaz de frenar la inversión, el desarrollo, y  la economía. 

El problema con la burocracia peruana es que ha mantenido la influencia ideológica de sus empleadores. El discurso populista y comunista de la dictadura militar quedó intacto con Belaúnde Terry, un hombre honesto pero incapaz que, teniendo mayoría en el Congreso, no revirtió el desastre heredado. No privatizó ni reformó el estado. Luego vendrían García Pérez, Toledo y Humala arrastrando sus complejos de culpa y vergüenza respecto a las políticas económicas que han reducido la pobreza. Mantuvieron el discurso socialista pero no se atrevieron a desmontar la apertura económica del Perú hacia el libre mercado. Nunca desterraron ese discurso y debido a esa incoherencia  el “chip” de los burócratas sigue siendo socialista. En los 90 Fujimori se atrevió a reformar el estado privatizando las empresas públicas, fuentes de corrupción y millonarias pérdidas. Veinte años después casi no tenemos empresas estatales pero sí un estado que ha crecido demasiado otra vez; obstructor, corrupto y caro.   

Hoy la disyuntiva política no es propiedad privada o propiedad social. Felizmente somos la economía mas abierta del continente pero a la vez tenemos la burocracia mas enrevesada y socialista que boicotea la inversión privada. “Obstruye el dinamismo de la sociedad y la actividad empresarial, gracias a una maraña de regulaciones montadas con la fantasía del control del Estado”,  según Roberto Abusada. 

Hugo Neira, narró en este portal, el 2 de Febrero, lo que un exministro le comentó: “Cuando eres ministro, los límites de tu poder se acaban en la puerta del Ministerio”. La tramitología, permisos, certificaciones y licencias están ahogando al Perú. La burocracia cuesta  dinero y  tiempo, y repercute directamente en nuestra competitividad. Cuando éramos una economía cerrada y sin competencia pasaban desapercibidos los errores e ineficiencias. Sin embargo hoy en día competimos con países más eficientes, más baratos y que no necesitan incrementar impuestos para pagar burocracias desmedidas. Urge reestructurar el estado, eliminar controles, entes y ministerios. 

La ineficiencia del estado es patética en el caso del emporio Gamarra. Este complejo comercial construido a lo largo de 50 años depende en su administración de la Municipalidad de La Victoria. El distrito aportó el año 2012 al Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) 96 millones de soles y solo recibió de éste 6 millones. Ese aporte alcanzaría  para pagarle el sueldo a 7,000 policías por un año, sin embargo, hoy en Gamarra no hay policías y sus calles han sido invadidas, ante la frustración y desidia de las autoridades. En solo dos meses, más de 6,000 ambulantes se han posesionado de los espacios y rápidamente surgen las “organizaciones” que los protegen y “lotizan” calles y veredas. El metro cuadrado de Gamarra es el más caro del Perú, por eso es un gran negocio  ocuparlas  gratis. 

El Perú ha sido testigo hace poco del desalojo de La Parada. Los comerciantes y ambulantes unidos se enfrentaron a las fuerzas del orden causando destrucción y muerte. El gobierno no se puede lavar las manos y dejar la perdida de este importante centro comercial en manos de una municipalidad quebrada. Se prepara una batalla. 

Mil millones de dólares recaudados por la Sunat de las empresas afincadas en La Victoria, solo el año 2012, generan una demanda justa ante  el aumento de la inseguridad y la basura y el deterioro de la infraestructura vial. Los costos que demanda generar esta riqueza no pueden seguir siendo ignorados por el estado. Hay que aumentar la partida del Foncomun y dotar al municipio victoriano de los medios para administrar Gamarra. Mientras tanto el estado debe financiar la seguridad con el dinero que esquilma al distrito.  Estamos en emergencia sin que a nadie parezca importarle… Y encima pretenden formalizarnos.   

Por Guillermo de Vivanco Roca Rey
12 - Mar - 2015