Repensando el futuro: inclusión responsable

No hay recetas mágicas que garanticen que un país alcanzará el nivel de bienestar deseado para sus ciudadanos. Pero lo cierto es que las soluciones radicales (privatización o estatización de los servicios públicos) vienen acompañadas de estructuras de gobiernos que, por lo general, buscan asentarse en el poder sin posibilitar la alternancia necesaria para fomentar la democracia.

Qué duda cabe que la alimentación, la educación y la salud son servicios básicos que constituyen derechos básicos, a los que el Estado debería garantizar el acceso universal. Es importante distinguir entre la financiación y la provisión de estos servicios, pues debemos procurar que ambos sean eficientes y de calidad.

Países como Perú, con una presión tributaria inferior al 20%, en el que siete de cada 10 personas no paga impuestos por decisión personal o porque sus ingresos no le alcanzan, tiene el enorme reto de ser creativo para lograr proveer estos servicios a la totalidad de la población.

Y este ejercicio pasa por establecer prioridades, definir metas, con un plan de ejecución a largo plazo. El acceso a la alimentación, la educación y la salud se consideran inversión y, al mismo tiempo, derechos que garantizan el acceso a una sociedad de bienestar básico.

En el caso de la alimentación, la cantidad de calorías básicas que un niño debe consumir en sus primeros años es un factor de igualación social. No obstante, además de garantizar la calidad de la cadenas productiva para que los alimentos lleguen adecuadamente a todas las regiones del país, es evidente que este primer eslabón tiene que ir de la mano con el siguiente, la educación de calidad.

En efecto, la educación se considera como una vía de movilidad social. Pero lo cierto es que esta requiere acompañar el desarrollo del mercado laboral y por ende, la capacidad y orientación productiva del país. De lo contrario se genera un divorcio marcado entre lo que los jóvenes estudian y lo que las empresas y el gobierno demandan. Y eso explica por qué hoy miles de egresados de los institutos y universidades no consiguen empleo adecuado y terminan realizando actividades de subempleo, baja productividad e informalidad.

Y siguiendo este eslabonamiento, el acceso a la salud impacta de manera directa en la productividad y bienestar individual, la del grupo familiar y la de las empresas. Una atención deficiente genera sobrecostos para todos los involucrados y puede afectar la débil economía de una familia que acaba de dejar la pobreza monetaria.

Una articulación de las políticas públicas es fundamental para resolver este eslabonamiento, que a su vez, resulta crítico para enfrentar los desafíos del mañana.