Recuperar el derecho a la presunción de inocencia

Vivimos una creciente inseguridad callejera, pero nadie en su sano juicio propone apresar a todo aquel que tenga facha de sospechoso. Incluso en los casos de delincuentes violentos detenidos en flagrancia o con numerosos indicios, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ), por razones ideológicas (fruto de una larga y paciente infiltración) o por razones sospechosas de caber en el bolsillo del saco, vienen siendo sumamente blandos para solicitar y dictar detenciones preliminares en casos que evidentemente lo justifican.

Sin embargo, cuando una persona con una filiación política distinta a la de quienes ostentan el poder (por elecciones o por infiltración de quienes la perdieron), que no ha blandido ilegalmente un arma amenazando arrebatar la vida ni el patrimonio de otros ciudadanos, es señalada por el dedo mediático, sin más prueba que la abundancia en la tinta, los mismos MP y PJ, tan contemplativos con el crimen violento, se apresuran a dictar innecesarias ordenes de detención preliminar, antes de siquiera acusar, sin respetar el cerecho constitucional a la presunción de inocencia. Algo que no ocurre en ninguna democracia sólida. El resultado está claro: de no cambiar esta tendencia, fuera del entorno en el poder, solo los locos se atreverán a intentar la presidencia.

La corrupción me asquea como al que más. De los 7 a los 14 años crecí soportando la corrupción uniformada del septenato velasquista, cuando conducir un Dodge Coronet era garantía de impunidad, cuando las casas de Chacarilla del Estanque eran construidas por coroneles y generales a los que nadie preguntó de donde salió la plata. Aunque era niño, recuerdo los nombres de los agentes de esa dictadura. Ellos o sus hijos, hoy con sólida posición económica de putrefactos cimientos, quieren fungir de moralistas.

Fui testigo del evidente pacto silencioso de impunidad impuesto para el retorno a la democracia. Vi como se construyeron carreteras y edificios con la plata de un Seguro Social que hasta hoy no logra atender decentemente a la mayoría de aportantes. Viví carestías e hice colas de niño para empatar cupos con necesidades, y volví a hacerlas de adolescente. Vi a la corrupción volverse desfachatada. Como litigante, vi de cerca la peor cara de la podredumbre institucionalizada.

Quiero ver a cada corrupto preso, pero después de que efectivamente se compruebe en los tribunales que lo es. Lo digo con la convicción de quien ha sido testigo de tiempos de persecución política, lo digo como hijo de un boliviano encarcelado tres años por el único delito de candidatear a diputado de oposición, lo reclamo como hombre de Derecho formado en los valores católicos y democráticos de libertad y justicia.

Ha llegado el momento de reinstalar la plena vigencia del derecho constitucional a la presunción de inocencia, piedra angular (junto con la irretroactividad de la ley) del derecho moderno, que separa además la justicia de la barbarie. Si, como dice alguna prensa, se temen fugas, existen herramientas intermedias como el impedimento de salida, la prisión domiciliaria y los grilletes electrónicos, que permiten asegurar la presencia de quien vaya a ser juzgado. Así que no hay excusa para ceder a la barbarie jurídica. La historia da señales, solo los necios las ignoran y pagan después las consecuencias.