¿QUIÉN REPRESENTA A QUIÉN?

La democracia tiene que ejercer autoridad sin caer en el abuso

Por: Guillermo Vidalón del Pino

El Perú es un país democrático que elige a sus autoridades para que asuman las tareas de gobierno durante un período determinado, luego del cual procede la alternancia. Un presidente no puede participar en el proceso electoral siguiente al que está en ejercicio, lo que se conoce como “no reelección inmediata”; pero podrá ser reelegido por la ciudadanía en períodos posteriores, y la norma se le volverá a aplicar una vez culminado su nuevo período.

No obstante, esta máxima que refleja la voluntad política de la ciudadanía, plasmada en un documento denominado Constitución Política, no ha sido asumida por todas las instancias organizativas de la sociedad. Por ese motivo, es fácilmente constatable que muchos de los dirigentes de sindicatos, federaciones, frentes de defensa, ONG y otros se mantienen en sus cargos de manera indefinida. Dichos personajes suelen argumentar que cuentan con la respectiva confianza de sus representados, más allá de si realizan o no elecciones democráticas, públicas, transparentes y cuyos resultados sean verificables por un organismo independiente y especializado como lo es la ONPE.

Para estos dirigentes es suficiente la mera declaración en provecho propio: “Las bases me respaldan”, “Contamos con la confianza del pueblo”, “Fuimos reelegidos por aclamación”, “El pueblo demandó nuestra presencia”, “No podíamos rehuir la demanda de la población ni nuestro compromiso con ella”, y otras frases para justificar su permanencia indefinida en la conducción de sus respectivas instituciones. Y, de paso evitar, eludir o postergar indefinidamente cualquier investigación sobre el manejo contable que realizan.

Ellos desarrollan una Estrategia de Comunicación (EC) para desacreditar a quien se oponga a sus designios al afirmar que “el otro no cuenta con la confianza del pueblo”, “nos ha decepcionado”, “no merece más nuestro respaldo”, “lo único que queda es rechazar sus pretensiones y otorgarle la mayor sanción moral de nuestras bases”. Dicha estrategia apela a varias herramientas en simultáneo, como apropiarse de la moral; es decir, por ejemplo “nosotros somos los buenos, los malos son los otros”. Lo hacen cuando señalan: “Somos portadores de la demanda del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios”. En otras palabras, “Dios nos respalda”, ergo, “nuestra acción se justifica”.

Hablar en plural, cuando lo que verdaderamente hacen es expresar sus particulares puntos de vista tiene por objetivo que quienes los escuchan se identifiquen con ellos, por eso construyen frases cuya estructura central es: “yo —único interlocutor— soy varios de ustedes, por lo tanto, los represento y me deben su respaldo”.

Asimismo, su estrategia busca socavar la legitimidad de la autoridad electa democráticamente. Para ello formulan frases como: “demuestra su falta de conocimiento”, cuando lo que quiere decir es: “Yo lo hubiese hecho mejor”; “demuestra su falta de autoridad”, cuando en su fuero interno quiere manifestar: “Yo sí hubiese empleado todo el peso de la ley”.

Si la población recibe de manera constante que “la autoridad desconoce cómo hacer las cosas” y, peor aún, se le sindica como débil, la idea que se va construyendo en el imaginario colectivo de la ciudadanía es que la autoridad en ejercicio debe ser cambiada. Lo cual se constituye en el germen que carcome la precaria institucionalidad del país.

Siempre tengamos presente que la democracia es el espacio para el debate libre, a favor o en contra de alguien o de algo, pero respetuoso de la autoridad democrática que elegimos todos los ciudadanos; más allá de si el resultado final beneficia o no al candidato de nuestra simpatía. En consecuencia, la democracia tiene que ejercer autoridad sin caer en el abuso ni en el autoritarismo. Pero el peor pecado que puede cometer una democracia es el de la omisión ante la intolerancia.