¿Quebrar la democracia?

Más de un científico social ha señalado que en el Perú no existen partidos políticos, sino facciones que se organizan en función a un cronograma electoral.  No obstante, la organización que más se aproxima a lo que sería una institución  política es el APRA, más allá del personalismo de sus líderes.

Las demás organizaciones políticas registran una historia similar. Luis Bedoya Reyes condujo la nave del Partido Popular Cristiano hasta su retiro de la dirección ejecutiva.

El otro partido es el Fujimorismo, más allá de las diferentes denominaciones con que ha participado en los procesos electorales desde 1990. Al igual que las otras organizaciones que la prensa en general califica como “vientres de alquiler”.

Contamos con organizaciones políticas formales, pero informales en lo referente al ejercicio de la democracia interna.  Siguen siendo organizaciones donde una cúpula impone su voluntad a decenas, cientos o miles de militantes.  El retiro de la candidatura de Daniel Urresti, postulante por el partido Nacionalista, actualmente en el gobierno, es una muestra más de que la voluntad de los partidarios es la menos importante.

Las organizaciones políticas registran diferentes grados de informalidad, pero de allí a desincentivar a quienes cumplieron con los procedimientos establecidos, para dar pase a los mayores inconductas respecto del cumplimiento de las normas electorales, es poner en serio riesgo la democracia.

¿Qué se pretende cuando se cuestiona las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)?  ¿Acusarlo de que el proceso que conduce carece de legitimidad? ergo, ¿es fraudulento? Creemos que no, pero tampoco pequemos de ingenuos ¿A quién o a quiénes les conviene que el proceso no culmine exitosamente con la proclamación del próximo mandatario o mandataria?  

Analicemos.  En menos de tres meses, una organización política aparece en escena, dice que emerge gracias a su impacto en las redes sociales. Repentinamente, todos los medios de comunicación prestan atención a las declaraciones de su líder, dejando casi de lado a quienes en ese momento ocupaban los primeros lugares en las encuestas (Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski –PPK- y César Acuña -estos últimos alternaron posiciones en menos de un mes-.).  Cuando se difunde que existen vínculos que lo relacionan con palacio de gobierno, afirma que sólo cumplió funciones de “Mesa de Partes”, su credibilidad empezó a debilitarse.

Posteriormente, tras la  decisión de JNE de excluirlos de la contienda electoral (Julio Guzmán y César Acuña), se dan a conocer nuevos sondeos de opinión, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 32%, seguida por PPK.  Sin embargo, si se toma en cuenta el número de votos válidos –tal como se realiza el escrutinio- el porcentaje de Keiko se eleva hasta 45%.  En ese momento, empiezan las agresiones en los mítines que lleva a cabo Fuerza Popular (el partido de Fujimori) y se produce una marcha convocada por redes sociales en contra de su candidatura.

La ciudadanía sigue recibiendo los siguientes mensajes, proceso fraudulento, convocatoria a la Organización de Estados Americanos para que observe el proceso electoral, tachas y denuncias de todo tipo que generan incertidumbre, y a la fecha, no se conoce quiénes en definitiva serán los participantes en la contienda electoral del 2016.

Lo cierto es que, poner en tela de juicio a todos los candidatos es afirmar, de algún modo, de que ninguno merece asumir la presidencia.  En consecuencia, el vacío de poder que se pretendería estar generando tiene que responder a algún interés.  En la historia de la república, las interrupciones de la democracia han evitado que algún incómodo acontecimiento se haga público y, finalmente, termine en el baúl de los olvidos.

¡Ojalá!, no sea nuestro caso.

GUILLERMO VIDALON