¡Que se vayan todos!

El anuncio de la reestructuración del sistema de justicia en el país y de una reforma política —vía referéndum— para impedir la reelección inmediata de los congresistas, le significaron al presidente, Martín Vizcarra, un baño de popularidad y la recuperación de parte de su alicaída imagen. Fue gracias a un mensaje que sintonizó con el clamor popular ante la corrupción mostrada por la difusión de comprometedores audios que implican seriamente a varios jueces y fiscales.

La reacción del Congreso no se hizo esperar, y los voceros de las diferentes bancadas de oposición respondieron afirmativamente al pedido presidencial. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le enmendó la plana a Daniel Salaverry —presidente dela Mesa Directiva del Congreso y miembro de su partido— poniendo en duda la realización del referéndum. Además divulgó dos encuentros privados sostenidos con el jefe de Estado, con lo que sepultó toda posibilidad de entendimiento y buena voluntad.

Allí se acabaron las esperanzas de una cooperación mutua entre las dos principales fuerzas políticas para desarrollar una agenda que privilegie la solución de los principales problemas que agobian al país: la corrupción reinante en casi todas las instituciones públicas, la falta de empleo, la lentitud de las obras de la Reconstrucción con Cambios, los bajos presupuestos de educación y salud, una incipiente inflación que amenaza con adquirir dimensiones mayores si continúa el conflicto político. Todo ello, por supuesto, pone en peligro la mentada reorganización del sistema judicial.

En esta coyuntura, la opinión pública nacional viene siendo testigo de una guerra sin cuartel. Por un lado están las “fuerzas caviares”, que buscan la renuncia del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presunto verdugo de los ex presidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a quienes la izquierda, con sus votos y medios de comunicación afines, pusieron en el poder. Y por otro lado, están Fuerza Popular y el Apra, defensores de la permanencia de dicho funcionario en el más alto cargo de la Fiscalía de la Nación.

Ante este desolador escenario y con un fiscal de la Nación seriamente cuestionado y rechazado por más del 80% de la población, por sus vínculos con el cuestionado vocal supremo César Hinostroza, el país vive politizado y en un desgobierno que agrava una crisis que necesita remedios urgentes para no lamentar consecuencias mayores.

La solución a ello debería surgir de un pronunciamiento de los fiscales superiores del país, demandando la renuncia de los cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos, con el fin de nombrar —en forma provisional—- al nuevo fiscal de la Nación. Este podría ser el fiscal superior más antiguo, mientras se reorganiza el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy disuelto.

La otra alternativa es que el desprestigiado Poder Legislativo reaccione y, mediante una ley de emergencia, autorice la creación de una “comisión de honor” que se encargue de nombrar a la Junta de Fiscales Supremos, entre los más probos miembros del Ministerio Público, ya que el sistema de elección actual ha sido un fracaso. Todos los antecesores de Pedro Chávarry, salvo una solitaria excepción, terminaron seriamente cuestionados, acusados de corrupción o encarcelados.

Es probable que este fin de semana haya un pronunciamiento de los más de 33 fiscales superiores, demandando una reforma profunda del Ministerio Público. Tal actitud atenuaría en algo el descontento del 70% de la población, que percibe que de aquí al 2021 la corrupción irá en aumento. Nuestro sistema de justicia no da para más porque no solo es corrupto, sino ineficiente y obsoleto.

Casos emblemáticos como Lava Jato y Madre Mía, así como los relacionados con la Línea Tres del Metro de Lima, el Aeropuerto de Chincheros, la irrigación de Olmos y tantos otros importantes proyectos se encuentran entrampados. Y los grandes protagonistas de estos casos —que avergüenzan al país— son precisamente los actores principales del desaguisado político que actualmente vivimos. Los que fugaron del país, así como aquellos culpables que todavía se pasean por las calles limeñas frotándose las manos, son los más interesados en que el conflicto de poderes continúe para argumentar que son víctimas de una persecución política y liberarse de sentencias ejemplarizadoras por sus actos delictivos.

Todo ello amerita que se tomen decisiones drásticas. Una de ellas, dentro de una serie de cambios, es que todos los jueces y fiscales supremos cuestionados se vayan a su casa. Este sería el primer gran paso para que el pueblo recupere en algo la fe en la justicia, .que lamentablemente ha perdido.