¿Qué puede hacer el gobierno por la minería?

Recientemente la Confiep entregó al Ejecutivo una propuesta para reactivar la economía del Perú. En ella se realizó un diagnóstico sobre la situación del sector minero, y se hicieron algunas recomendaciones. El documento identifica problemas muy relevantes para el sector: la Ley N° 30640 (o Ley de Cabeceras de Cuenca) propuesta por el siempre hostil a la minería Marco Arana, la reducida e inadecuada ejecución de los recursos del canon, el protocolo de Defensores de DD.HH. (analizado hace algunas semanas), diversos problemas de tramitología, entre otros.  La Confiep define algunas recomendaciones generales que disminuirían el impacto de estos problemas, sin embargo, existen algunos otros puntos que, consideramos, podrían ser importantes para impulsar al sector minero 

Entre ellos, priorizar la solución de varios pasivos ambientales mineros producidos por la antigua minería. El MEM estuvo en Bambamarca anunciando su mitigación y han destinado S/ 90 millones para el programa a nivel nacional.  Sin embargo, el problema es mucho más grande que eso, y la falta de solución de estos pasivos no solamente es perjudicial para la población, sino que afecta, al potenciar la narrativa antiminera, la legitimidad de la minería moderna que sí opera en forma responsable.  

Otro elemento es incrementar la efectividad y la confianza en las instituciones de fiscalización del Estado, en particular las ambientales.  Uno de las falencias en la legitimidad del sector minero es la poca confianza que tiene la población en la capacidad del Estado para verificar el buen desempeño de las empresas.  Por ejemplo, en Canadá, la mayor parte de la población no tiene dudas cuando la institución ambiental señala que el agua en los alrededores de un proyecto minero no está contaminada.  La población confía en la institución y en la capacidad de la tecnología para lograrlo. El Ejecutivo debería realizar acciones para incrementar el desempeño de las instituciones y también recuperar la confianza  de la población.

El Ejecutivo debería también garantizar el estado de derecho, recuperando el monopolio de la fuerza.  Según la XV Encuesta de Gerentes Generales de SEMANA Económica el principal riesgo político es el incremento de los conflictos sociales.  Diversos empresarios mineros están preocupados por la vulnerabilidad de sus instalaciones y su personal, así como la viabilidad de las operaciones.  Vemos cómo el Estado no puede garantizar el estado de derecho, en particular en las áreas de influencia de los proyectos mineros. Esto no significa que las fuerzas del orden deben usar la fuerza contra la población local, pero sí desplegar herramientas, en particular disuasivas, para garantizar la seguridad de los involucrados: población y empresa.

Es necesario además reorientar a las oficinas de gestión de conflictos del Ejecutivo para lograr la confianza de la población.  Una encuesta de Datum mostraba recientemente que el 75%  de los peruanos creen que el Gobierno maneja de manera inadecuada los conflictos sociales.  Ello hay que sumar comentarios como los de Jaime de Althaus, quien afirmó que la Gestión Social del MINEM ha sido desarticulada.  Si estas oficinas no tienen un buen desempeño, la seguridad de las personas y de las inversiones no está asegurada. Y de manera reactiva, el Gobierno debe incrementar la capacidad de cumplimento de compromisos: difícilmente la población puede confiar en un agente que no puede cumplir lo prometido en zonas de conflicto (Las Bambas) o en otras zonas (reconstrucción del norte).

Finalmente, en un trabajo conjunto de las empresas y el Gobierno, los mecanismos de socialización de los EIA deben fortalecer la legitimidad de las operaciones y la industria, mejorando su capacidad de llegada a la población del entorno; sin llegar a ser, como bien indicó la CONFIEP en su Agenda País, un generador de obstáculos e incertidumbres.