Prepotencia legislativa

“El populista es casi siempre un político clientelista que
necesita disponer de cuotas burocráticas en los engranajes del
Estado. Concibe la política como un ejercicio para conquistar o
mantener el poder mediante toda suerte de juegos y
manipulaciones. El poder, en su caso, no es un medio sino un
fin en sí mismo. Los monopolios estatales y la propia obesidad
burocrática le convienen y, en cambio, la transferencia al sector
privado de servicios y empresas manejadas de tiempo atrás
exclusivamente por el Estado lo resiente como una pérdida de
sus propios cotos de caza”.

Fabricantes de Miseria (1998) - Plinio Apuleyo Mendoza,
Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa

Decía Fernando de Trazegnies (2003) –en el Prólogo del libro Derecho y Economía, de Alfredo Bullard– que: “Saber es poder y el saber jurídico puede alcanzar niveles peligrosísimos de poder por cuanto está respaldado por el ius imperium, es decir, por la amenaza de un mal mayor”. En este sentido, es bien conocida la posición demagógica y arbitraria del Congreso cuando empieza a rebuznar y legislar, más aún cuando se trata de desfalcar a las AFP mediante una triquiñuela populista.

Al Congreso no le bastó con descapitalizar progresivamente a las AFP en lo que va del año (con el pretexto de la crisis económica provocada por el Gobierno de Martín Vizcarra y su aborrecible cuarentena); primero, con el retiro de hasta S/ 2,000 o el 25% de los fondos y, luego, con el retiro de hasta 4 UIT, esto es: S/. 17,200. Ahora, con su voracidad burocrática, pretende calar una leguleyada de reforma del Sistema Previsional en las entendederas de los vivíparos de dos patas, que se oponen vertiginosamente a la despenalización del aborto y la eutanasia, pero que en temas macroeconómicos se encogen de hombros y dicen: laissez faire, laissez passer.

La improvisada “Comisión Especial Multipartidaria para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano del Congreso”, encabezada por Carmen Omonte (otrora defensora de las cuotas de género), plantea un sistema de contribución mixto con capitalización individual y colectiva. Una propuesta precipitada y chapucera que busca la mutación de los sistemas de reparto (administrados por la ONP) y de capitalización individual (administrados por las AFP) hacia un sistema de capitalización híbrido, en el que un porcentaje de la contribución mensual se destine a cuentas individuales de capitalización, como funciona ahora en las AFP, y el resto a un fondo de riesgo compartido de capitalización colectiva.

Además, la comisión de marras plantea crear un Organismo Público de Pensiones (OPP) que redefiniría la política de inversiones del sistema de pensiones peruano y suplantaría a las AFP en casi todas sus funciones, poniendo nuevamente en boga el cuento de la redistribución de la riqueza a través de los burócratas, para financiar una “pensión universal digna y justa para todos, todas y todes”. Es así que por medio de una ficción legal, se pretende involucrar al Estado en el manejo de las pensiones, a pesar de que ha sido demostrado hasta la saciedad que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) es muchísimo más eficiente en la administración de fondos, en comparación con el deficitario Sistema Nacional de Pensiones (alias SNP).

Cabe anotar que, según los especialistas, este esquema híbrido de capitalización colectiva de fondos de pensiones no es rentable ni autosostenible en el tiempo, ya que los aportantes experimentarían desincentivos serios al contribuir con un sistema colectivo al final de cuentas, obligándolos a seguir el sendero de los informales, reportar menores ingresos o declararse independientes o en bancarrota; siendo el Estado el encargado de financiar las pensiones de los contribuyentes que no cumplan con los requisitos de jubilación. 

Como casos prácticos de la realidad extranjera tenemos a los Países Bajos y a Costa Rica –países cuyos números de trabajadores formales superan con creces a los del Perú–, los cuales también apostaron por un esquema de capitalización colectiva dentro de sus sistemas de pensiones. En la actualidad, esos países enfrentan graves problemas de sostenibilidad, déficits o inconvenientes para mantener el nivel de activos necesarios para el desembolso de pensiones, generando un incremento en las tasas de contribución y un decremento de los derechos y beneficios pensionarios de los aportantes. 

Extrapolando esta situación al caso peruano, podemos inferir el fracaso inevitable del sistema de contribución mixto, propuesto por la inexperta y advenediza comisión multipartidaria (integrada solamente por un economista sin experiencia laboral relacionada con el sistema previsional), la cual denominará retóricamente a su engendro como “Sistema Universal de Pensiones”. No tiene en cuenta que la experiencia con un sistema previsional en manos del Estado no es rentable ni posee incentivos, y que está actualmente sobre los hombros de aportantes que representan una reducida fuerza laboral del 27%, por lo que no debe sorprendernos que en el mediano plazo el Estado termine subsidiando las tan anheladas pensiones de jubilación.

No cabe la menor duda de la irresponsabilidad e ineptitud de la susodicha comisión congresal, cuyo único objetivo es destruir el Sistema Privado de Pensiones y parir otro engendro más de la burocracia (o casa de lenocinio), en el que se dará lugar una repartija de puestos públicos y prebendas a diestra y siniestra. Y todo ello frente a una coyuntura económica que le abre las puertas de la Casa de Pizarro a cualquier mamarracho o futbolista con dotes de demagogo, amenazando con arruinar aún más lo que queda de este desastre de país.