Polladas y portátiles

Los allanamientos a los locales partidarios de Fuerza Popular han provocado encontradas reacciones. Un sector político censura la actuación de la Fiscalía, mientras que el hervidero de las redes sociales aplaude al fiscal José Domingo Pérez, quien dirigió tales allanamientos. Con la intervención de la Fiscalía, los titulares y los contenidos de distintos medios de comunicación no se dejaron esperar. Si algo de verdad existe en esos titulares, Fuerza Popular estaría en serios problemas. No sería, entonces, una vendetta propiciada —según se dice— por un sector caviar del Ministerio Público que acusa por “crimen organizado” (Ley Nº 30077) a la agrupación que lidera Keiko Fujimori. Ella como candidata a la presidencia del 2021, tendría una agenda cargada de presentaciones no en las plazas públicas ni en los medios proclamando sus propuestas políticas, sino en el banquillo de los acusados, defendiéndose de los delitos de lavado de activos por el caso Odebrecht y por supuestos aportes durante la campaña electoral del 2011. “Una valla muy alta” que se caería en un prolongado proceso en el Poder Judicial.

El asunto es muy serio. No se resuelve con altanerías ni gritos desmedidos, menos pidiendo la renuncia del presidente de la República para llevar al país a una situación totalmente crítica. Una situación que se agravaría si, por el otro lado, prospera la acusación “por omisión funcional en la lucha contra la corrupción” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República que investiga al Fiscal de la Nación con el propósito de retirarlo del cargo. Si eso sucediera, el país contemplaría una vez cómo el poder político demuele a quien no está en la línea de sus intereses.

No se trata de manifestarse en favor o en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por una existente o inexistente ojeriza a la lideresa de la primera mayoría en el Congreso de la República, sino por un simple sentido de confianza en las instituciones y, ¿por qué no también?, en las personas. Y, sobre todo, porque nadie debe tener corona en las circunstancias actuales, tan difíciles. El caso Lava Jato ha infectado con su poder económico a las clases dominantes del país y no hay quien no esté libre de sospechas. Quienes son señalados y creen estar libres de polvo y paja, deberían ser los primeros en pedir que se les investigue para demostrar su inocencia. Claro, volvemos al círculo vicioso de la confianza y la desconfianza en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

No se trata de simpatías y antipatías. Se trata de saber si, en efecto, una serie de polladas realizadas en el pobre y abandonado distrito de la Victoria pudo reunir más de S/ 40,000 para donarlos a una campaña política, si Clavito y su orquesta tocó gratis en los mítines de campaña y si las portátiles partidarias fueron atendidas como las del ex alcalde de Lima y candidato a la presidencia, Alberto Andrade Carmona: además de movilidad y camisetas, anticucho, choclo y papa para todos. También se trata de conocer la percepción de la gente de cara a las próximas elecciones municipales y regionales del 2018. Vale la pregunta que, en todas sus ediciones, publica el diario Correo el sábado 9 de diciembre: ¿Está usted de acuerdo con la orden judicial que establece el allanamiento de los locales partidarios de Fuerza Popular? Un 76.5% responde que SÍ. O sea, casi ocho de cada diez personas apoyan la labor de la Fiscalía. Solo dos de cada diez rechazan la medida, un porcentaje parecido a la popularidad del Congreso, controlado por Fuerza Popular: 19% según encuesta de noviembre de GFK. Claro está: los gritos y altanerías no han resultado favorables.