La polarización extrema y el término del mandato

El Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra que, en cumplimiento del mandato constitucional, contiene “la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”, ha concluido en una polarización extrema cuyo desenlace, a propuesta del Gobierno, es el adelanto de elecciones generales.

¿Que ha ocurrido con la propuesta del cierre del Congreso? Ha fracasado. La elección de la nueva Mesa Directiva del Legislativo ha traído como consecuencia una nueva correlación de fuerzas, que implica 76 votos sólidos y un discurso coherente del presidente electo. Luego de un año de vendettas políticas, el Congreso se ha reestructurado a partir de las dos agrupaciones políticas con mayor votación el año 2016. No es casualidad que Pedro Olaechea y Salvador Heresi, provengan de las filas de PPK y Karina Beteta y Marvin Palma, de las filas de Fuerza Popular; aunque, a estas alturas, tres de ellos ya no se encuentren en el partido con el que llegaron al Congreso de la República. La fortaleza del Legislativo y la imposibilidad de su cierre ha llevado al presidente a cambiar de propuesta y exhortar al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones generales. Una forma muy astuta de evitar la vacancia presidencial y de congraciarse, aún a costa de su propia sobrevivencia política, con los sectores más radicales de la población.

Sin embargo, la única forma constitucional de adelantar las elecciones sería con la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, con un gobierno de transición que lleve a cabo las elecciones del 2020 y que gobierne hasta el 28 de julio del próximo año, en el que empezaría el nuevo gobierno electo.  La propuesta del presidente adolece de apego a la Constitución Política y es un mecanismo para movilizar a la población con miras a un “golpe de masas”. La propuesta de un nuevo referéndum que permita ese proceso sería el paso previo para legitimar la movilización popular. El adelanto de las elecciones pasa por crear los mecanismos que aseguren la imparcialidad, la transparencia y la libertad que solo un gobierno de transición podría asegurar.

El Congreso tiene en sus manos la forma en que se implementará el proceso de adelanto de elecciones, porque no tiene la posibilidad de rechazarlo, debido a que es voluntad del propio presidente no gobernar hasta el 2021 y tampoco es posible obligarlo. El debate y solución por parte del Congreso de la República es urgente, porque la estrategia del “golpe de masas” ya esta en marcha.

Los planteamientos para el sector salud solo reiteran lo que ya se hace o está en ejecución, sin aportar corrección alguna. Algo lógico para un gobierno de salida. La propuesta de que todos los peruanos tengan un seguro de salud el año 2021, y que para tal fin el Seguro Integral de Salud (SIS) afiliará a aquellos que aún no lo poseen, no es novedosa y menos aún refleja el real problema de salud de los peruanos. Tener el carné de afiliación al SIS no garantiza que exista atención médica. El problema del país es la ausencia de oferta de servicios de salud, y más aún de la atención médica especializada. Además, agregar cuatro millones de nuevos afiliados al SIS, sin mayor financiamiento, es empeorar la precaria situación de los ya asegurados.

En relación con la política de medicamentos, exhortó al Congreso a debatir el Proyecto de Ley ya presentado por el Ejecutivo, y que ha merecido muchas críticas porque no resuelve el problema de la escasez de fármacos de calidad comprobada en el sector público. Se ha referido al fortalecimiento del primer nivel de atención de salud a través de las Redes Integradas de Salud; sin embargo, el Gobierno tiene pendiente su reglamentación desde enero del presente año. Además, el financiamiento por parte del BID y el Banco Mundial ya esta pactado. Es decir, una propuesta reiterativa sin correlato con la realidad desde el año 2016.

Los servicios complementarios, es decir, que los profesionales puedan trabajar en modo adicional a su jornada laboral en otro establecimiento público (para paliar la escasez de médicos) esta pendiente por falta de adecuación normativa desde el 2016. Y el intercambio prestacional —es decir, que los ciudadanos puedan recibir atención médica en cualquier establecimiento, sin distingo de quién es su propietario—, aún no se aplica porque el Gobierno ha promulgado un reglamento cuyo contenido, en lugar de favorecer, estorba el proceso. Además ha pasado revista a proyectos de infraestructura en marcha, lucha contra la anemia, salud mental y la articulación con los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, se ha obviado el fortalecimiento de los recursos humanos que son esenciales para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria.

Ha capitulado el Gobierno con su estrategia de polarización extrema. Es necesario reconstruir la República. Aún en estas circunstancias hay que evitar que el 2019 se transforme en un año más perdido para la salud.