¡Perú, país al que aspiramos!

“La manera más clara de entender el significado de lo que es estado de derecho es recordar siempre lo que ha ocurrido cuando no existe estado de derecho”.

Dwight Eisenhower, comandante general de las fuerzas armadas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y presidente de los EEUU

El Estado de Derecho significa que convivimos dentro de un marco jurídico que contiene un conjunto de reglas y normas que deben garantizar el respeto a la ley y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Quien no respeta estos postulados, actúa al margen del Estado de Derecho.

Nuestra Constitución protege el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de opinión, al honor, a la presunción de inocencia, entre otros. Cuando alguno de estos derechos es vulnerado, corresponde el Estado utilizar el ius puniendi, es decir, la atribución de castigar las acciones de sus ciudadanos o quienes trasgreden el marco legal.

Para nadie es un secreto que nuestro país atraviesa una crisis en la seguridad ciudadana, a menudo sufrimos en carne propia o en forma indirecta, la delincuencia que azota a nuestro país. Más allá de la impotencia y la incertidumbre que nos invade por esta problemática, nuestra indignación aumenta cuando percibimos que el principio de autoridad no es respetado e incluso, en determinadas ocasiones, es vapuleado, al terminar priorizando los derechos de aquel que delinque, ignorando sus actos, antes que ponderar los derechos de las víctimas o de aquellos que las protegen. Esto en referencia a la acción de un valeroso policía quien en cumplimiento de su deber a riesgo de integridad abatió a un presunto delincuente quien huía luego de perpetrado el delito, pero este policía ha sido recluido en un penal debido a que se le ha dictado una medida de prisión preventiva por una acción ejecutada en cumplimiento de su deber, frente a quien era un supuesto violador de los derechos de otros ciudadanos.

Es el Estado, a través de uno de sus poderes, pretende que un policía que combate el crimen y la delincuencia, pretende con sus acciones - en contra de este miembro de las fuerzas policiales-, se ignore el principio de autoridad, el mismo que contrariamente debería ser reforzado a través de todos los medios posibles y por todos los poderes estatales. Hechos lamentables como el descrito, no contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho sino que lo debilitan y lo hacen inútil a la hora de combatir a quienes deciden vivir al margen de la ley.

Ante este atentado flagrante contra el Estado de Derecho, afortunadamente han reaccionado, principalmente, la ciudadanía en general, así como otros actores importantes. Desde aquí saludamos la decisión del Ministerio del Interior de manifestar su abierto apoyo al suboficial Elvis Miranda, esto contribuye a rescatar el principio de autoridad como pieza fundamental y legitima dentro de un Estado de Derecho. Lo que necesitamos para ser un país mejor es hacer cumplir la ley, respaldar a quienes tienen esa tarea, reforzar la institucionalidad, respetar las competencias de cada poder y de cada institución.

Sin embargo, esta afectación al Estado de Derecho se ve agravada en otros casos, cuando aquellos operadores del Derecho llamados a impartir justicia, dejan de lado el derecho para dar paso a la “justicia plebiscitaria”, olvidándose del deber que tienen de indagar, analizar y evaluar los argumentos y elementos de convicción que se le presentan, por ejemplo, un fiscal para decidir no en base a razones sino en base a lo que la opinión pública direccionada considera que es lo “justo”. Los jueces olvidan su misión de juzgar imparcialmente y se contaminan con razones de diversa índole a la hora de decidir sobre los derechos de los investigados, buscan agradar y satisfacer a la galería sin detenerse a pensar en el daño que causan a sus instituciones.

La separación de poderes es el dogma de mayor fundamento de la teoría y práctica constitucional, por lo que un Juez o un Fiscal no puede convertirse en partidario de ideas o de necesidades de un poder determinado, su misión es impartir justicia con objetividad. Lamentablemente, son muchos los actores que ignoran esta idea fundamental de separación de poderes, por lo que proclaman de forma populista y demagógica sus propios criterios, que son aquellos sobre los cuales, a su entender, debe resolver un juez o incluso, sobre los cuales debe legislar el Congreso.

La labor de los políticos debe ser explicar a los ciudadanos que la independencia de poderes es donde radica la garantía para evitar abusos. Mejor aún, son las autoridades en general quienes a través de sus acciones deben expresar y mostrar ese respeto irrestricto a cada poder en particular y a la institucionalidad en general.

Los medios de comunicación también deben jugar un rol importante, sus cuestionamientos deben sustentarse en un análisis profundo y coherente, considerando que los poderes públicos merecen respeto y no necesitan presiones para realizar su labor.

El Perú demanda fortalecer la democracia y eso pasa por la construcción de institucionalidad, ello es tarea de todos los actores que intervienen en la generación de políticas públicas, también de los ciudadanos en general.