Perú e inversión privada, ¡binomio posible!

Las APP son imprescindibles para el desarrollo nacional

Nuestra región experimentó durante los últimos treinta años cambios sustanciales en la actuación del Estado y su relación con la inversión privada. En nuestro país, a partir de los años noventa, se introdujeron cambios para liberar las condiciones de mercado, desarrollando un importante marco legal para las privatizaciones y esquemas de contribución privada en servicios básicos (concesiones). Así se redujo drásticamente el alcance del Estado peruano que, en la realidad, se había convertido en un elefante inmanejable que ejecutaba más funciones de las que podía controlar eficientemente.

Los procesos de privatización no solo implican transferir propiedad en favor de las empresas privadas, sino que también incluye otros mecanismos de colaboración, como las Asociaciones Público-Privadas (APP), regidas de manera general por el Decreto Legislativo 1224 y sus modificatorias. Las APP surgen con el objetivo de cerrar o mitigar la enorme “brecha de infraestructura”, sobre todo en carreteras, colegios, hospitales, hidroeléctricas, servicios públicos, entre otros. Son servicios que no pueden ser cubiertos por el Estado básicamente por la falta de presupuesto —US$ 160,000 millones y creciendo—, además de la poca capacidad de gestión que se viene evidenciando.

La idea fundamental es, pues, incentivar la participación de la inversión privada, aportando inmediatos recursos, experiencia, conocimiento, tecnología, entre otros elementos; y a la vez afrontando los mayores riesgos para crear o mantener infraestructura pública, o proveer servicios públicos, respetando ciertos principios y condiciones de competencia preestablecidos. Así, en principio es el privado quien invierte el dinero, presentando propuestas que beneficien al Estado a cambio de una rentabilidad que se regula por el esquema en el que participan.

En los últimos días hemos sido testigos de cómo se ha cuestionado, desde diversos frentes, la utilidad de las APP con motivo de la discusión sobre la aprobación de la adenda al contrato del Aeropuerto de Chinchero. Dudas legítimas que sin duda han sido utilizadas por algunos sectores, que siempre persiguen una presencia de mayor control estatal en las actividades económicas, pretendiendo colocar a las APP en el paredón.

Una primera cuestión que ha motivado esta situación es la falta de análisis y evaluaciones lo suficientemente rigurosos antes de decidir un proyecto. Es decir, es imperativo establecer de forma adecuada, en la relación Estado – privado, cuáles serán las obligaciones y responsabilidades que cada cual asumirá; y sobre todo, cómo se distribuirán los riesgos del proyecto. Todos estos compromisos deben ser plasmados en el contrato de manera clara para evitar, o bien resolver de manera pronta, futuras controversias.

Un segundo componente es que se suelen romper las reglas de juego que nosotros mismos establecemos en nuestra legislación. Nuestro país quizás tiene una de las legislaciones más favorables para el desarrollo de las APP, e incluso hemos incorporado las mejores prácticas a nivel mundial en la materia. Sin embargo, no se siguen esos lineamientos, pues se pasan por alto aplicando “excepciones” poco transparentes. O alterando la distribución de riesgos con decisiones, por decir lo menos, cuestionables, o que claramente se apartan del interés colectivo.

El gran riesgo que afronta nuestro país, y del cual los poderes del Estado no son ajenos, es la captura por parte de grupos económicos privados que, abusando de estas “excepciones”, logran que los funcionarios públicos que tienen a su cargo el diseño y ejecución de las APP no sigan las reglas preestablecidas, o bien adopten acuerdos que no son beneficiosos para el interés colectivo. Esto no es falla del sistema de APP, y habría que ser claros en esto. No ha fallado el proceso que hemos implementado en nuestro país desde los noventa, con sus modificatorias; lo que ha esta mal, e incluso se ha perfeccionado, son las prácticas tales como la corrupción.

Lamentablemente, la corrupción y otros factores en menor medida —sistema de control desfasado, ausencia de capacidad de gestión, asignación de recursos sin medición, tiempos para la maduración óptima de los proyectos, etc.— han propiciado que muchos de los actuales cuestionamientos a las APP puedan parecer ciertos, dando espacio a la demagogia y al radicalismo, en su búsqueda de la eliminación de los grandes avances que ha logrado nuestra legislación.

Sin embargo, es importante recordar que para “equiparar la cancha”, garantizando a los peruanos una mejora en su calidad de vida y por ende en su dignidad, al menos con servicios de agua potable y desagüe, educación y salud pública a nivel nacional, se requiere de inversión privada, siendo las APP una gran alternativa hacia ese objetivo.

Nuestra misión debe estar enfocada en la lucha contra la corrupción, en la generación de capacidades estatales, en modernizar el sistema nacional de control y nuestros sistemas administrativos para poder mantener la atracción de la inversión privada. Todo ello para que finalmente haya Estado en tanto sea necesario, donde no llegue la inversión privada, concentrando su actuación en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos los peruanos.

Úrsula Letona