Cesar Peñaranda
Pautas para modernizar al Ejecutivo
Una reforma para una nueva organización y gestión
Hemos insistido, en diversos artículos publicados en este portal y en otros medios de comunicación social, que se nutren además de lo expuesto en mis dos últimos libros –Agenda económica para el cambio (2008) y Política económica y crecimiento (2017)– que el perfeccionamiento de las instituciones es uno de los aspectos centrales para consolidar nuestra democracia y el sistema de economía social de mercado, que forman parte sustantiva de la Constitución de 1993. Para ello es imprescindible la vigencia cabal de la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar, del imperio de la ley y la estabilidad jurídica, del respeto a la propiedad privada y a los títulos de propiedad, a la par con la universalidad y transparencia de la información. Esto implica, en el caso del Perú, realizar una profunda reforma del Estado; es decir, de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo (una reforma política). En esta oportunidad señalaré algunas características fundamentales que debe tener la reforma del Ejecutivo a nivel nacional, sin considerar a los gobiernos regionales y locales, no obstante que igual necesitan una reforma profunda, pues adolecen de similares problemas.
Es aceptado por todos, tirios y troyanos, que tenemos un Ejecutivo a nivel nacional que ha crecido de manera significativa, desproporcionada y desorganizada, expresada en múltiples organismos públicos de diferente índole. Empezando por los ministerios y un sinnúmero de otros organismos de diversas características; lo que además de implicar un mayor presupuesto en personal, mobiliario, equipos y servicios, conlleva una compleja comunicación e interrelación entre ellos, con duplicación de funciones que afecta la acción, dinámica y toma de decisiones del sector público. En particular en lo que a inversión se refiere, pues se generan procesos complejos e innecesarios trámites. Más aún cuando existe una tendencia a regular todo y se está sumamente atrasado en incorporación de tecnología de punta, todo lo cual al final redunda en la conocida ineficiencia (hacer menos con más recursos) e ineficacia (no cumplir los objetivos) del sector público.
No es propósito de este artículo dar cifras para demostrar lo señalado, lo que además el lector puede obtener de las investigaciones y estudios que se han realizado al respecto. Empero, no obstante lo precisado y saber el profundo efecto negativo que esto tiene para la economía, los gobiernos de turno evaden permanentemente abocarse, desde su inicio, a ejecutar esta reforma. Como tal, exijamos a los que aspiran a ser el nuevo Ejecutivo comprometerse a realizarla. Nunca está de más repetir lo que dijo el politólogo estadounidense Francis Fukuyama cuando visitó el Perú, que es bueno aspirar ser un país del primer mundo, pero que nunca lo lograremos con un Estado del tercer mundo.
La reforma del Ejecutivo a nivel nacional es una tarea compleja y difícil pues requiere múltiples acciones simultáneas para avanzar de manera segura e irreversible. Deberá contar además, aún cuando no en todos los casos, con apoyo del Congreso para efectuar ajustes a la normatividad vigente y dictar nuevas leyes. En este contexto, iniciativas recientes como el Pacto del Bicentenario se torna muy relevante. Desde nuestro punto de vista son cinco los temas centrales que deben abordarse.
Primero. Examinar con detenimiento los fundamentos y objetivos de todos los organismos públicos para determinar cuáles mantener, con o sin ajustes, cuáles fusionar y, por cierto, los que deben cerrarse. Una acción que conlleva como elemento crítico el tema del personal, pues implicará transferencias y reducciones, para lo cual es indispensable contar con un esquema especial de incentivos pecuniarios y capacitación especial para que se ejecute con el mínimo efecto negativo sobre el trabajador. En la medida que este proceso fluya pari passu con una mayor dinámica económica, favorecerá la absorción por parte del sector privado del personal que libere el sector público, así como la posibilidad de que ellos emprendan una actividad comercial o productiva.
Segundo. Un tema es que será fundamental hacer cada vez más atractivo el trabajo en cualquier entidad pública, siempre que las personas destaquen por la calidad y prestigio que adquieran, para así lograr mantener e incorporar a los mejores profesionales del mercado. Para ello se requiere ser competitivo en cuanto a honorarios con el sector privado y tener un esquema de evolución en la carrera pública con base en la preparación y desempeño, que premie el esfuerzo y los resultados, la llamada “meritocracia”. Estos dos últimos aspectos deben ser la pauta para potenciar el trabajo de Servir y tener entidades tan sólidas como el BCRP o la SBS, lo que de por sí otorgará mayor estabilidad a los funcionarios públicos cualquiera sea su nivel ante cambios periódicos de autoridades o gobiernos, garantizando continuidad en la gestión y lograr tener cabalmente políticas de estado y no del gobierno de turno, sin desconocer la necesidad que puede haber de realizar ajustes.
Tercero. Otro campo de acción es proceder a desmontar la maraña de regulaciones, trámites, barreras burocráticas, procesos complejos y engorrosos, que conforman una real “hiperinflación normativa y administrativa”, que hacen además como decía el jurista y filósofo francés Charles-Louis de Secondat que las inútiles, que son la mayoría, debiliten a las necesarias. Es una tarea impostergable, pues afecta directamente al sistema económico alterando las señales que da el mercado y, por tanto, la asignación de recursos y de las inversiones, además de desincentivar la actividad productiva y ser una de las causas principales de la alta informalidad empresarial (las otras son la baja productividad y las políticas laboral y tributaria). Es, por otro lado, el caldo de cultivo para las acciones ilegales pues, como decía el historiador y político romano Cornelio Tácito, cuánto más corrupto es el Estado, más legisla.
Cuarto. Lo anterior debe ir de la mano con la digitalización de todo el aparato estatal; introducir lo último de la tecnología para erradicar el “papeleo” absurdo y el “circuito de visitas” a los diferentes organismos para realizar una acción concreta. Esto permitirá acortar sustancialmente plazos y costos y evitar potenciales actos de corrupción. En plena marcha de la cuarta revolución industrial a nivel mundial es imperativo ingresar de plano al mundo de la tecnología de punta.
Quinto. Un tema de enorme trascendencia para la libre competencia en el mercado y la toma de decisiones por parte de los agentes económicos es que el Ejecutivo implemente un esquema moderno de información y comunicación que sea universal, transparente y oportuno. Todos deben tener derecho a estar adecuadamente informados en el momento que lo requieran; salvo contadas y calificadas excepciones, muy ceñidas a seguridad nacional, no debe haber data e información pública reservada.
Reiteramos que la reforma del Estado en general y la del Ejecutivo en particular es condición necesaria; aunque no suficiente, pues se requiere además la estabilidad macroeconómica para fortalecer los cimientos del crecimiento. Sobre esa base se puede propender a incrementar de manera estable y dinámica la inversión y la productividad, motores esenciales del crecimiento alto y sostenido de cualquier economía. Es políticamente difícil hacerlo, pero a la luz de lo vivido en la pandemia –en la que si algo se hizo notorio fue la incapacidad del Ejecutivo para actuar pronto, con eficiencia y eficacia–, se cae de madura la necesidad de ejecutar la reforma desde el inicio del nuevo Gobierno y Congreso. Esperamos que frente al altísimo costo en vidas humanas y la profunda recesión económica sufrida por el país como resultado de la pandemia y el pésimo manejo de esta por las autoridades de turno, causadas en parte por los problemas agudos que adolece el Ejecutivo, la reforma planteada se haga realidad. Quedamos atentos.
COMENTARIOS