Para superar la recesión en 2024

La recesión es la contracción de la economía, ya sea por escasez de la demanda (tras un alza continua de precios y un detrimento de la confianza), por mal entorno, fluctuaciones, corrupción, etc. El Perú no había experimentado una recesión desde hace décadas. La lógica es que desde la devaluación de 2021 (Pedro Castillo) los precios se elevaron y anclaron en su cima o siguieron elevándose hasta 2023, con lo que las ventas tendieron a caer, mientras la previsión alcista –por déficit de confianza– paralizaba las inversiones. La recesión de siete meses, y que se proyecta al 2024, es una señal de que los empresarios ya no confían en el Perú y de que el Gobierno de Dina Boluarte no plantea las reformas que aseguren un 2026 sin monstruos.

La pandemia retrajo la economía, pero produjo un efecto rebote natural hasta el punto de regresión al equilibrio original. En ese punto, lo peor que le podía pasar a la economía era la elección de Pedro Castillo. Así, la recesión que se vive es el efecto arrastre del quiebre de confianza del Gobierno de Castillo. Solo al juramentar, ya más de US$ 15,000 millones habían abandonado el país. Fuga de capitales, devaluación, inflación y corrupción en obras y hasta en compras de fertilizantes para un campo que ya amenaza cosechas por problemas de siembra y por el fenómeno de El Niño “por venir”. 

Lo prioritario se está haciendo, llamando a la participación de la comunidad para la mitigación de daños probables frente al fenómeno climático, pero se requiere perfeccionar el sistema de ejecución de prevención de daños. El problema recesivo es complejo y no habrá tiempo para que lo resuelva un nuevo Gobierno, por lo que infundir confianza es imperativo. Sin embargo, no habrá confianza mientras no se asegure que 2026 no será una vuelta a algo similar o peor que Castillo.

El otro tema es la corrupción, punto en el que las señas de un Estado fallido son más visibles. La urgencia es implementar medidas para prevenir la corrupción en las licitaciones y compras gubernamentales, para lo que se requiere el concurso del Congreso, ¿de cuál Congreso? Allí hay un primer problema. Importa ofrecer incentivos fiscales y financiamiento a las empresas que inviertan en sectores clave, como la agricultura y la producción de alimentos. El puerto de Chancay debe ser dinamizado, podría movilizar recursos, como la siderúrgica de Chimbote, aportes de regiones vecinas y otros, y sumar mano de obra.

Se ha repetido que no hay economía si se detiene la locomotora minera, de donde se alimenta la cadena productiva. Ya hay varios proyectos mineros y deben ser prioridad y considerados bajo un patrón de emergencia. El Gobierno parece apostar por el crédito suplementario y por bonos a los trabajadores estatales, ¿reactivación por la demanda vía bonos? ¿Cuál es el criterio de la reactivación productiva en este caso? Una golondrina no hace un verano. La inyección no va directo a la vena de capitales estratégicos específicos, eficientes para recapitalizar.

Debería incentivarse la inversión por la vía de la reducción temporal de algunos impuestos y cargas estatales que incrementan los costos de transacción de cara a la reducción de precios, que siguieron a la inercia alcista desde agosto de 2021, con el desastre que fue Castillo, pese a la caída del dólar tras su continúa subida.

También se debe implementar programas de apoyo específicos para pequeñas y medianas empresas, incluyendo acceso a crédito y seguridad efectiva. Buscar alianzas y acuerdos comerciales con otros países para diversificar las exportaciones. El gobierno puede ajustar sus gastos e impuestos para controlar la demanda agregada en la economía, y desajustar y buscar sanciones a los subniveles de gobierno que no ejecuten casi al 100%. 

Importa mucho el anclaje de expectativas tras explicar las políticas antiinflacionarias (para que las expectativas de inflación no se descontrolen) y una nueva ley marco de la inversión privada, además de nuevas reglas sobre los brazos ejecutores del Estado. El obstáculo es la izquierda radical en el Congreso. Es lo que llama a creer que todo se podría hacer con unas razonables elecciones generales. 

La estabilidad política y jurídica implica un alto nivel de concierto con la seguridad. Esto implica cumplir los contratos y mantener un ambiente político predecible, pero supone también que la Policía y la comunidad (policía comunitaria) se articulen bajo el marco de un régimen legal específico que suponga nuevas reglas en el sistema policial y de persecución penal, que deben ser un engranaje de plazos y no puertas giratorias del delito.