Otra incursión en el tema de la representación política

El retorno de la bicameralidad parlamentaria, aprobado días atrás por el Congreso, luce como un cambio beneficioso en el sistema político peruano porque atempera la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y asienta la cuestión de la constitucionalidad de las leyes y de las decisiones políticas en el ámbito propio del Congreso, evitando que se conviertan en factores de crisis institucional en el Estado involucrando al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, como ahora sucede. Además se suma a la también aprobada reelección de parlamentarios apunta a lograr la superación de la maniobra destructora de la institucionalidad política que efectuó Martín Vizcarra el 2018 con propósitos subalternos y rapaces.

El retorno de la bicameralidad y de la reelección parlamentaria dista de ser perfecto, pero es mucho mejor de lo que hay. Es muy significativo que las tiendas políticas desde donde se las cuestiona sean las mismas que han sido exiguas minorías electorales en los dos últimos decenios; que sí han disfrutado del poder político no ha sido con el favor del voto sino gracias a encargos conseguidos por acuerdos políticos.

Pero la cuestión central respecto de la bicameralidad y la reelección parlamentaria no concierne a la calidad de la “clase política” postulante a curules en el Legislativo. Con casi una treintena de partidos políticos que estarán habilitados para la próxima contienda electoral, y la composición de sus listas parlamentarias con calidad semejante a la actual (¿en razón de qué habrían de ser mejores?) no es posible esperar que el próximo parlamento con diputados y senadores sea comparativamente virtuoso en comparación con el actual.

Parece que nunca es demasiado señalar que los partidos políticos son facciones de grupos de interés que quieren obtener poder político para servir intereses sectoriales con ejercicio duro del prebendalismo y el clientelismo, no pueden, de ninguna manera, componer listas parlamentarias previsibles con mayor idoneidad. Hay una decadencia corrupta, de decenios, en las decisiones partidarias para postular a sus representantes.

Sin embargo, persiste en observadores y analistas la intención de enclaustrar en la “clase política” lo que en realidad es responsabilidad de los electores. Se quiere transferir la responsabilidad de éstos como si fuese de aquéllos. Porque es un hecho indudable que los elegidos lo son sólo en virtud de sus electores, que cada cierto tiempo optan entre unos y otros no por sus valores, sean los que fueren, sino porque aparecen como “es el mal menor” o porque “es alguien como yo”. Calificaciones que revelan la falta de ciudadanía de los electores -es decir su irresponsabilidad como electores, que es transferida a sus elegidos-.

En resumen, el deterioro de la escena política que vivimos en el Perú de los últimos tres decenios, y que se acentuó en el último, no es por culpa de los políticos de ocasión que nos gobiernan, que emiten leyes o dizque fiscalizan, sino de los pobladores con DNI que los hemos elegido. Para decirlo con dureza: la responsabilidad esencial del decaído –deteriorado, desvirtuado, corrompido– sistema político que padecemos no es principalmente de quien hemos elegido sino de nosotros como electores. Una responsabilidad que estaría clara para ciudadanos, no así para votantes que se creen que lo son y es lo que hay en la historia republicana del Perú.

¿Qué hacer? Forjar ciudadanía es una tarea que puede demandar generaciones, pero algo se puede hacer en la realidad inmediata. Con agudeza Carlos Meléndez (10 de marzo 2024) apunta que habría que operar un “gerrymandering” (el término es suyo, tomado de la escena política estadounidense) redefiniendo las circunscripciones territoriales para uso electoral, de manera que permita acercar los elegidos a sus electores con prescindencia de los intereses de cúpula de los partidos políticos existentes. Estaría relacionada esta idea con la del cambio del distrito electoral múltiple, actualmente vigente en el Perú, por distritos uninominales en los que los electores de cada circunscripción eligen a un solo representante, evitando así la elección de parlamentarios para una Cámara de Diputados con cantidades irrisorias de votos.

Esta reforma permitiría a los electores la acción de demandar resultados y fiscalizar a los elegidos, por lo que los partidos políticos se verían en la necesidad de postular a los mejores candidatos, uno por cada distrito electoral, lo que no necesariamente aumentaría el número de diputados previsto con la nueva norma aprobada por el actual Congreso. Un proyecto de ley sobre el asunto fue presentado por la congresista Adriana Tudela el año 2022.

Otra observación de Meléndez concierne a cancelar el financiamiento estatal de los partidos políticos, establecido por ley 28094 del año 2003 modificada por ley 31406 del año 2020, que ha sido y sigue siendo fuente de corrupción en los partidos, sugiriendo orientar el sostenimiento de las tiendas políticas por la vía del financiamiento privado debidamente bancarizado y auditable que vincule la vida partidaria con los actores de las economías legales y formales. Una estupenda idea que permitiría remontar la situación actual de partidos financiados por economías criminales o por agencias extranjeras de poder fáctico.