Omisiones y excesos de comisiones del Bicentenario

Quizá muchos lectores desconozcan que existen diversas comisiones destinadas a promover y realizar definir los actos con los que nuestro país conmemorará el Bicentenario de la Independencia Nacional. Tan solo en el periodo presidencial actual, tenemos que el Congreso aprobó por unanimidad, el 13 de octubre de 2016, la creación de una comisión integrada por Juan Sheput, Jorge del Castillo, Edwin Donayre, Víctor Andrés García Belaunde, Úrsula Letona, Edyson Morales y Carlos Tubino, que tendría una vigencia de cinco años. A través del portal institucional del Congreso de la República vemos que se está muy lejos de dar cumplimiento al encargo recibido, con excepción de la labor que viene realizando el Fondo Editorial de la citada entidad.

Por otro lado, la Resolución Suprema N° 246-2016-PCM de 5 de octubre de 2016 creó una comisión multisectorial integrada por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Educación y de Cultura. Esta Resolución Suprema fue modificada luego para incorporar la participación del ministro de la Producción. Y más recientemente, el 6 de junio de 2018, el Decreto Supremo Núm. 004-2018-MC deroga las normas anteriores sobre este asunto y crea el "Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú", cuyas funciones están claramente señaladas en el artículo 2º de dicho DS y que cuenta ya con un extenso "Manual de operaciones...", con una directora ejecutiva que maneja un interesante presupuesto y cuenta con un consejo consultivo con más de 40 integrantes.

Es decir, que por declaraciones y comisiones no nos quedamos cortos, máxime si a ello se suman las comisiones regionales, provinciales y de entidades no estatales o académicas. No obstante, hay una severa omisión respecto a las responsabilidades encargadas a esas comisiones nacionales. Lo que queremos recalcar es no solamente la cercanía de la fecha conmemorativa, sino la circunstancia especial de que el día de la celebración central es el día de cambio de mando. Y por ello vale preguntar si nos quedaremos tan solo en la formulación de planes y comisiones, o se tendrá la grandeza de definir, cuanto antes, unas cuantas acciones emblemáticas que demuestren, realmente, que se está pensando en el significado auténtico del proceso independista, que se involucra a la sociedad en estas celebraciones y que se puede utilizar la efeméride como una oportunidad de reflexión.

Quizá no sea descabellado (del todo) pensar que es el momento de pensar una Segunda República, con una estructura legal y organizativa acorde con los tiempos y las necesidades reales del país y sus ciudadanos. Y que además se despolitice la celebración para que sea una oportunidad, y no solo un carnaval de placas recordatorias. Cierto es que nuestro proceso de independencia culminó en 1824, con la Batalla de Ayacucho; pero en el ideario colectivo, la fecha sigue siendo el 28 de julio de 1821. Es por ello que resulta del todo pertinente comprender y difundir lo sustantivo del proceso, que se inicia en 1780 y culmina en 1824, y no solo de una fecha.

Y para comprender y conmemorar ese proceso, sería conveniente centrarse en obras fundamentales. Como concluir no solo la obra civil del nuevo Museo de la Nación (Muna), sino toda su infraestructura y desarrollo museográfico. También la implementación de un nuevo, excelente y moderno Archivo General de la Nación; la rehabilitación integral de la Quinta de los Libertadores (en Pueblo Libre) y, por qué no, como se ha sugerido, la restauración de la Hacienda y Capilla de Punchauca.

Muchas cosas se puede y debería hacer: parques, plazas, bibliotecas, así como actos en Ayacucho y en las ciudades cuya participación fue extraordinaria en la gesta independista. Pero es muy cierto que "quien mucho abarca, poco aprieta".