Mejorar el SNIP y la gestión pública

Para impulsar la ejecución de obras públicas con financiamiento privado

Desde el enfoque moderno, defendiendo la libertad como condición inherente a la naturaleza humana, se reconoce al Estado como un útil invento histórico; pero como servidor, jamás como amo. A los individuos no se les puede decir lo que tienen que hacer. No obstante, se acepta establecer límites a su accionar cuando se atenta contra la convivencia social: el ejercicio de la libertad tiene que ser responsable. Sin embargo, cuando ciertos individuos pasan a la condición de burócratas (autoridades elegidas o designadas), no pueden tener libertad o discrecionalidad sobre la cosa pública, por lo que se hace necesario su organización racional para regular sus funciones.

En mercados competitivos, el ejercicio de la libertad es condición necesaria para que los individuos promuevan sus intereses y generen riqueza. Por ello, se debe garantizar el disfrute del producto del emprendimiento e intelecto personal; o sea, de la propiedad privada. Esta misma libertad no puede ser igual para los burócratas, porque la utilizarían para maximizar sus “rentas”; es decir, beneficios privados y políticos, asociados a tomar decisiones y usar recursos públicos.

En el actual periodo histórico; el funcionamiento del Estado, en los marcos del respeto a la libertad individual y el sistema político democrático, se organiza racionalmente. Junto a la división y equilibrio de poderes, la alternancia, la representación de las minorías, etc., el aparato burocrático público está organizado y funciona sobre la base de instrumentos de gestión que garantizan los objetivos del Estado y la política; o sea, decidir políticas públicas para resolver los problemas de su competencia.

Desde que se inventó el Estado la ciencia económica reconoce, junto a los ofertantes y los demandantes, a un tercer asignador de recursos escasos, que deben ser usados con transparencia, eficacia (logrando objetivos sociales) y eficiencia (beneficios mayores a sus costos); y que además deben ser evaluados socialmente. Es difícil esperar que la sabiduría y bondad de los burócratas garanticen todo esto, por lo que el arreglo institucional acordado son los sistemas administrativos. En una democracia, el que gana las elecciones no hace lo que le da la gana, pues hay ciertas reglas de juego establecidas previamente. Actualmente la débil, institucionalidad de nuestra clase política (sin organización, formación ni ética pública) hace más imperiosa la existencia de los sistemas administrativos, que garantizan contextos de buena institucionalidad para su firme observancia (Contraloría, supervisión y controles administrativos, ciudadanos y partidarios).

Sabemos que, gracias al sistema administrativo de personal y la ley antinepotismo, los burócratas pueden proceder racionalmente a dotarse de una adecuada plantilla de personal para llevar adelante los objetivos de sus dependencias públicas. En ausencia de estas normas nombrarían y contratarían a familiares, amigos y partidarios en cantidades, calidades y finalidades sociales inciertas. Igualmente, los sistemas administrativos de abastecimiento y tesorería norman las adquisiciones y pagos de bienes y servicios que posibiliten el cumplimiento de las funciones y objetivos acordados en los planes y presupuestos de gestión. En ausencia de estos sistemas, los burócratas (mal) gastarían los recursos públicos a discreción, sin referente alguno que promueva el progreso.

Esto ocurría en nuestro país en la ejecución de obras públicas, porque no había un sistema administrativo orientador, al respecto. La implementación del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), desde el año 2002, vino a llenar ese vacío que generaba despilfarro, corrupción, elefantes blancos, obras sin impactos prioritarios, etc. El SNIP obligó a los burócratas de todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) a elaborar sus planes de desarrollo participativos, como mecanismos orientadores de las inversiones en función de los mayores impactos en el desarrollo. El SNIP se descentralizó, simplificó, mejoró la calidad de la inversión pública, generó aprendizaje, academia y cultura de proyectos, involucrando a muchas profesiones.

En el SNIP, al igual que en los otros sistemas administrativos (personal, abastecimiento, tesorería, SIAF, OSCE, etc.), hay muchas deficiencias (burocratismo, poca transparencia, etc.), algunas de las cuales se generan por manipulación e intereses de autoridades y burócratas corruptos. Por tener tales falencias, ¿deben ser eliminados?; la respuesta es un rotundo no. Se debe mejorarlos para seguir construyendo un aparato público racionalmente organizado, y así garantizar que el Estado y la política sean servicio y progreso para todos. A las mejoras del SNIP y su institucionalidad (planes de desarrollo, presupuestos participativos, CCR, CCL, etc.) deben asociarse su utilidad y funcionalidad para promover la ejecución de obras públicas con financiamiento privado, a través de las Obras Por Impuestos (OPI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP). Estas obras deben optimizarse para reducir brechas, incrementar la productividad y mejorar la competitividad, para que contribuyan al desarrollo socioeconómico nacional, regional y local.

Carlos A. Dávila Rojas