Medicina legal ¿la incomprendida?

A los cuestionamientos a la justicia peruana y su baja aprobación por parte de la población se suma ahora la demora en la promulgación de la autógrafa que modifica la Ley 30453 del Sistema Nacional de Residentado Médico, con la finalidad de incorporar en esa Ley al Instituto de Medicina Legal. Así se restituiría la capacidad de este Instituto para ofrecer plazas presupuestadas para formar especialistas en medicina legal. Esta demora o probable observación perjudica el desempeño del Ministerio Público, porque la medicina legal es una herramienta auxiliar importante para la administración de justicia.

En el año 2017, sobre la base de la aplicación de la Ley 30453, se suspendió la convocatoria al concurso de provisión de plazas para la especialidad de medicina legal. El argumento, muy restrictivo y literal, señalaba que el Instituto de Medicina Legal no se encontraba en modo expreso en la Ley 30453. Es así que en la publicación del 4 de mayo de 2017 no se consignaron plazas para medicina legal y, como es obvio, se impidió que se formen nuevos médicos especialistas. Tampoco se tomaron desde el Ejecutivo las acciones correctivas necesarias, como la modificación del Reglamento de la Ley 30453 o en su defecto la propuesta al Congreso de un Proyecto de Ley, para permitir la incorporación de nuevas promociones de médicos legistas que fortalezcan la profesionalización académica, la calidad y la idoneidad de los peritajes médico legales del Instituto de Medicina Legal.

Aunque parezca increíble, los funcionarios que impidieron desde el Ejecutivo la formación de nuevos médicos legistas basaban su lógica en los lineamientos de la llamada “reforma de salud” humalista. La primera observación es que los médicos legistas no realizarían prestaciones de salud. La segunda es que el Instituto de Medicina Legal no debería ser una Institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) y la tercera que el Ministerio Público no es una administradora de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS). En conclusión, como la realidad no calzaba con la visión de la reforma de salud humalista, había que bloquear cualquier intento de “vulnerarla”. Salta a la vista lo retorcido de ese razonamiento. El sistema de salud es mucho más que administradoras de fondos y prestadores; existen la salud pública, la medicina legal, la medicina deportiva y la educación para la salud, entre otras. Este es un pequeño ejemplo del daño que ha ocasionado la reforma de salud humalista.

Sin embargo, la solución al impasse ha venido a través del congresista Segundo Tapia, con la presentación del Proyecto de Ley 1603, cuya autógrafa se encuentra en el despacho del presidente Vizcarra. La fecha de promulgación vence el 24 de abril del 2018. Sin embargo, si el presidente no la promulga hasta esa fecha, al vencerse los plazos legales, el Congreso tendría que hacerlo. Por otro lado, si el presidente observara la norma, seguiría un nuevo curso en el Congreso de la República. Y debido a los plazos legales, tardaría hasta después de realizado el Concurso de Admisión para Médicos Especialistas, que empieza en los primeros días de mayo del presente año.

La ideología de algunos funcionarios, remanentes del humalismo al interior del Ministerio de Salud (Minsa), ha sido hecha trizas por cien congresistas que votaron a favor del Proyecto de Ley 1603. El sentido común y la justicia hicieron lo suyo. La brecha de necesidades de nuevos especialistas en medicina legal es grande, ya que solo tenemos 539 médicos legistas para todo el Perú. El presente año se han presupuestado 66 plazas (56 por destaque y 10 propias); no es mucho, sin embargo, sería un avance. El proceso de especialización en medicina legal del médico es necesario para lograr peritos de calidad, idóneos y en número suficiente para hacer frente a la creciente necesidad del sistema de justicia.

El Minsa es el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Y según la Ley 30453, también del Sistema Nacional de Residentado Médico. Un año es mucho tiempo para resolver este impasse dejado por el humalismo. Es cierto que las marchas y contramarchas de los últimos seis meses han mermado la disciplina y el compromiso de la burocracia. Recordemos que en la conducción del Minsa, luego de la fallida vacancia presidencial, había ya retornado el lenguaje humalista. Ahora la nueva gestión que inicia tiene el reto de ejercer la rectoría, enmendar rumbos y recuperar el tiempo perdido.