Los partidos políticos y la crisis presente

Atrás ha quedado aquella concepción que desvincula el crecimiento económico del acontecer político. La suposición de que los automatismos del mercado serían suficientes para bloquear los movimientos bruscos de la política y sus ruidos respectivos ya no tiene asidero en la realidad. Cada vez se torna más nítido que la calidad y el ritmo del proceso político afecta radicalmente los resultados productivos, de comercialización y servicios, así como la percepción de los agentes económicos. Tanto así que la convocatoria al CADE del año pasado se realizó bajo la admonición de “el fin de las cuerdas separadas”.

Es un hecho que la política ha perdido su antigua centralidad en el mundo. La entronización del neoliberalismo habría sido —según muchos autores— la causa principal de aquello. El neoliberalismo no se contrae a un conjunto de políticas públicas y principios económicos, como se cree comúnmente. Antes bien se trataría de una nueva razón normativa que apareja una forma especial de concebir el Estado, la sociedad, la economía y los sujetos, así como las relaciones entre ellos; como afirma Wendy Brown, profesora de la Universidad de Berkeley. En todas estas instituciones asistimos a una despolitización de las diferentes esferas, para dar paso a su progresiva pero intensa “economización”. La lógica económica habría desplazado a la política en ámbitos definitivamente no económicos.

Un imaginario social de esta naturaleza minimiza a los actores políticos, especialmente a los partidos —que otrora tuvieron un extraordinario protagonismo— en tanto representantes de la voluntad ciudadana. La propia democracia asiste al eclipse de su fundamento rector: la soberanía popular. En consecuencia, queda reducida a reglas de coexistencia y a una panoplia de procedimientos, ajustes y mecanismos tecnocráticos, destinados a crear consensos de vocación universal. La etimología de la democracia, como “gobierno del pueblo”, se habría vaciado de contenido.

Por estas razones, se gestó la ilusión que la política importaba poco en estos tiempos. Y que la dinámica de la economía —con sus ajustes espontáneos más la cautela de organismos públicos impregnados de “economicismo” y destinados a no interferir en los mercados libres— era suficiente para garantizar la gobernanza de los países. Sin embargo a partir del 2008 la crisis internacional demostró las falencias y yerros de este idílico mundo pospolítico.

En el Perú, por su parte, el deambular cada vez más errático de la política empezó a permear, con mayor impacto y gravedad, la esfera de las relaciones económico-financieras. La inversión, el comercio, las finanzas, la producción y los servicios dejaron de ser variables independientes e indiferentes al desempeño político-institucional. De pronto, el crecimiento del producto y la circulación de bienes disminuyeron abruptamente, cuando el sordo rumor de la política se convirtió en atronador desorden y conflictos vocingleros.

No sorprende, entonces, que los partidos supérstites en el escenario nacional, sufrieran las inclemencias de la crisis presente. En los más importantes —por su volumen, ubicación e historia— se han producido divisiones; no así en los otros, que por su tamaño, escasa presencia o ser una mera aglomeración informe pareciera que la política no pasara por ellos. Pero tampoco debe de preocuparles mucho. Resultaba obvio que el partido oficialista se fracturaría y perdería varios escaños en el Congreso. No es sino el preludio de su descomposición inexorable. Imposible que sobreviva al naufragio del Gobierno y a la suerte infausta de su presidente, cuyo nombre son las iniciales de la organización.

Más difícil resulta explicar las fracturas en los partidos de la oposición. Ciertamente hay factores circunstanciales que proporcionan pistas: la forma de encarar el indulto a Fujimori en Fuerza Popular, la disputa por el liderazgo pos-García en el Apra que se remonta a su último Congreso Nacional; y la lucha por la hegemonía en el campo de la izquierda peruana, irresoluta desde 1989, cuando se produjo la ruptura de Huampaní.

Todas son razones importantes que ayudan a entender las disensiones. Pero sobre todo existe un asunto de fondo que atraviesa a todas las formaciones políticas, sin excepción. Vivimos los estertores de una forma de gobernar y de hacer política, inaugurada durante la transición a la democracia, a comienzo del siglo. Frente al autoritarismo corruptor se levantó un consenso universal para los demócratas, cuya institucionalización fue el Acuerdo Nacional, que originalmente no comprendía a los fujimoristas. Curiosamente el fundamento de política económica de dicho consenso fue el neoliberalismo estampado, ni más ni menos, en el titulo económico de la Constitución de 1993. Por esta razón, ni los parlamentos ni gobiernos posteriores abordaron el recambio de dicha Carta Política, a pesar de su clara impronta autocrática.

No es el momento para evaluar las luces y sombras de este ciclo de democracia y crecimiento, de más de tres lustros. Pero hoy son inobjetables los síntomas de su agotamiento, cuyas expresiones más palmarias son la corrupción galopante y el descontento generalizado en vastas capas de la población. Frente a esta crisis política y económica caben dos posturas disyuntivas para los partidos que hoy militan en el campo de la oposición: a) privilegiar la defensa del sistema al que le piden correcciones bajo fórmulas de reconciliación de corto alcance o b) ponerse al frente de las demandas populares para iniciar un derrotero de profundización de la democracia, que liquide el mercantilismo plutocrático de los monopolios y los grandes intereses económicos.

Si observamos bien, la reconstitución del pueblo —como sujeto principal de una política renovada— está en la base de las divisiones en Fuerza Popular, el Apra y la que opone el Frente Amplio al villaranismo, en el campo de la izquierda. Por cierto, con todos las diferencias y matices propios de cada opción política. Si así fuera, la vigente crisis partidaria tendría un carácter fecundo.

Lima, 16 de enero del 2018