Libre albedrío

Políticas públicas no deben estar basadas en dogmas de ninguna religión

El Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al Estado entregar de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia (AOE), método anticonceptivo (MAC) cuya distribución gratuita por el Ministerio de Salud había sido prohibido por el Tribunal Constitucional en 2009. Sin embargo, su venta es libre, con lo cual toda persona con dinero puede acceder a la AOE. Así el TC amplió la brecha de desigualdad en el acceso a la salud para las mujeres más pobres. Data del Minsa demuestra que las zonas donde más se demandaba el AOE son Puno, Ayacucho y Huancavelica; mientras que en Lima son los conos.

Una de cada tres mujeres considera que uno de los principales problemas que enfrentan las peruanas son los embarazos no deseados. Si no pueden decidir cuántos hijos tener y cuándo, no pueden ejercer el control sobre sus vida. En el 2013 murieron 300,000 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto.  En el Perú, de cada 100,000 partos 93 madres mueren. La tercera causa de mortalidad materna es el aborto. Se calcula que en el Perú ocurren 400,000 abortos al año. La mayoría de ellos en condiciones insalubres que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ello en la medida en que el aborto es ilegal y, por lo tanto, las mujeres de los sectores populares recurren a redes clandestinas.

El riesgo de sufrir complicaciones por un aborto es más alto entre las mujeres pobres que viven en el área rural. Así, Delicia Ferrando encontró que de cada 100 abortos, 44 se complicarían entre las pobres-rurales, 27 entre las pobres-urbanas, 24 entre las no-pobres-rurales y 5 entre las no-pobres-urbanas. Son las mujeres que más riesgo tienen de sufrir complicaciones, las que más dependen del Estado.

El aborto es producto de un embarazo no deseado. Alrededor de 27% de los embarazos en el Perú son no deseados, mientras que 23% ocurren a destiempo. Para evitar el elevado número de embarazos no deseados se necesitan programas de planificación familiar que provean de información, educación y la más amplia gama de MAC a las mujeres de bajos recursos. Si una mujer tiene la capacidad de planificar el número de hijos que engendrará, se reducirá el número de embarazos no deseados y con ello el de abortos.

Ocupamos el primer lugar en Latinoamérica en denuncias por violencia sexual, y el 75% de las víctimas son menores de edad. El embarazo adolescente llega al 14% y solo el 32% de las adolescentes sexualmente activas usa algún MAC. La evidencia empírica demuestra que la reducción de la fertilidad está asociada con una mejora en la salud de las mujeres, disminución de la mortalidad materna e infantil, aumento en años de escolaridad y educación de las mujeres, así como con sus oportunidades laborales y la mejora en la educación, nutrición y salud de sus hijos. Además, existe correlación entre la reducción de la fertilidad y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la familia. Para reducir la pobreza, se necesita que las mujeres accedan a programas de PF, ya que no es posible salir de las trampas de pobreza con altas tasas de fertilidad.

La decisión del Juzgado ya ha sido cuestionada por la Iglesia católica y por políticos conservadores. El Perú es un país laico, por lo que las políticas públicas no deben estar basadas en los dogmas de ninguna religión. El Estado y la Iglesia no tienen derecho a decidir qué MAC puede usar una mujer.

María Cecilia Villegas