César Félix Sánchez
Las causas de la esclerosis
El Estado peruano frente a la epidemia del coronavirus
Pese a la conferencia de prensa dirigida por el mismísimo presidente Vizcarra y a otras fanfarrias publicitarias, todo indica que la esclerosis del Estado peruano para resolver la inminente crisis sanitaria del coronavirus será nuevamente expuesta ahora, como en el caso de la «reconstrucción con cambios» y de tantas otras emergencias: gastos en cotas históricamente altas, pero poquísimos resultados. Esperemos sinceramente que no, pero el récord histórico así lo dice.
Pero ¿a qué se debe esta incapacidad casi bíblica para actuar? En primer lugar, a la hasta ahora siempre postergada reforma del Estado. El colapso del modelo estatista de 1968, que se dio casi espontáneamente entre 1989 y 1992, no dio origen más que a una institucionalidad provisional, quizá inevitable en ese momento histórico.
La Constitución de 1993, claro está, significó un gran avance en torno a un régimen económico independiente de las pretensiones de los políticos gracias a la independencia del Banco Central de Reserva y al reconocimiento de la verdad natural de la condición subsidiaria del Estado. Pero no se afrontó el dilema de la regionalización ni una adecuada comprensión de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, manteniendo la peculiaridad de nuestro semipresidencialismo confuso, que acabaría estallando en la crisis del 2019. Además, quedaba pendiente una verdadera reforma que asegure el máximo de auctoritas del Gobierno para hacer cumplir la ley e imponer el principio de autoridad, y a la vez un mínimo de intervención del Estado en los procesos socioeconómicos a través de su burocracia. Sea lo que fuere, el balance de esa constitución es altamente positivo, a pesar de todo.
Sin embargo, la llamada transición democrática (2000-2006) no contribuyó en la realización de esta reforma. Se dieron, claro está, varios parches inorgánicos que probablemente empeoraron la situación. El principal de todos fueron las llamadas Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (2020) del régimen toledista, que, sin estudio ni criterio ulterior, procedió a generar como regiones las mismas jurisdicciones departamentales históricas, sin considerar la profusa reflexión que se hizo años atrás sobre la necesidad de superarlas en bloques más orgánicos. Lo que tuvo como consecuencia una confusa triplicación de funciones, entre el estado central, las municipalidades provinciales –debilitadas– y los gobiernos regionales, a veces convertidos en una suerte de alcaldes «grandes».
A la elección indirecta y corporativa de los gobiernos regionales de 1988, le sucedió una innecesaria elección directa, que tiende a desquiciar los equilibrios locales y, como es evidente, a una corrupción masiva e indetectable para los sabuesos anticorrupción de la Fiscalía, absolutamente limeño céntricos y, en ocasiones, orientados políticamente. El resultado fue la aparición de 24 pequeños tiranos, algunos de nivel neroniano como César Álvarez. ¿Y el remedio? La muy absurda prohibición de la reelección, el ridículo cambio de nombre a gobernadores regionales y la pseudo panacea de la «segunda vuelta» regional. Sin embargo, la corrupción campante, las burocracias frondosas, el despilfarro del canon, la triplicación de funciones y los pintorescos enfrentamientos interregionales continúan como siempre.
Un ejemplo de cómo esta mala descentralización ha contribuido directamente a esclerotizar la acción del Estado es la reconstrucción del sur luego del terremoto de 2001, previamente a la regionalización. La dinámica entre los municipios de las provincias afectadas y el Gobierno central se llevó a cabo de una manera mucho más efectiva, a pesar de los errores y limitaciones, que en todas las emergencias posteriores a la regionalización de 2002. Y con un gasto mucho menor a los del Perú posterior al boom económico. Fue de tal manera exitosa la reconstrucción de la infraestructura de Arequipa, por ejemplo, que al año siguiente del terremoto los arequipeños pudimos entregarnos nosotros mismos a la destrucción de nuestra ciudad durante el Arequipazo.
En cambio, sea en 2007 o en 2017, las reconstrucciones ante emergencias parecen seguir el criterio de la multiplicación de entes sin necesidad. Ante la Babel de alcaldes y gobernadores regionales, al cual mayor más demagógicos y corruptos, pretendiendo cada uno «cuadrar» al Gobierno central y sacar su tajada en las obras, a veces de adjudicación directa por la emergencia, Lima reacciona con una comisión suprema orientada a coordinar las distintas instancias regionales, municipales y nacionales y de la sociedad civil, dirigida por algún gestor «notable». Y ahí se descubre la farsa de todo el asunto. Esa comisión en verdad actúa como una mancomunidad regional y más bien debería ser el Gobierno regional (así estaba planeado que funcionen los gobiernos regionales según la ley de 1988). Pero como dos soles no pueden brillar en el mismo cielo provinciano, casi por fuerza natural los gobiernos subnacionales resienten esa interferencia y la comisión siempre acaba muriendo. Claro que después de gastos millonarios, obras truncas o contraproducentes, proyectos contradictorios y mayor ira y miseria de parte de las poblaciones afectadas.
Finalmente, el otro factor que ha contribuido a acentuar la esclerosis es lo que podríamos denominar política imaginaria o de percepción. Cuando una vasta alianza de intereses económicos, periodísticos y de ideólogos progresistas logró, después de mucho esfuerzo, encumbrar a un presidente en 2016 con una minoría ínfima de congresistas y un apoyo popular más que dudoso, ciertos tecnócratas de la opinión pública convencieron a su Gobierno de que tanto valía la realidad de una gestión política como la percepción que de esta tuviera la población. Así, comenzó el carnaval de las millonarias consultorías –que solo en el 2019 superaron los S/ 2,000 millones– y la aún más pantagruélica propaganda estatal en los medios. De este modo, cada catástrofe es vista principalmente como una oportunidad comunicativa para los publicistas del régimen antes que como una emergencia en la que peruanos sufren y requieren de ayuda eficaz. Prueba de ello es la conferencia en la que el mismísimo presidente anunciaba con bombos y platillos la llegada del coronavirus a nuestras tierras. Esas son sus prioridades hasta que sus comunicadores le sugieran hacer otro gesto mediático sobre algún acontecimiento más pedestre. Esperemos que no se les ocurra sacar ahora una coreografía con los ministros y una canción con Pelo Madueño como en el 2017.
¿Se llegará en algún momento a superar esta esclerosis? ¿O tendremos que esperar el colapso violento del Estado para que recién pueda reformarse hacia una institucionalidad más definida, aunque no sabemos si mejor? Qui vivra, verra, como dirían los franceses en los tiempos de la peste negra.
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