La salud y la protección social

Sobre la propuesta de reforma del sistema de protección social

El 11 de enero del 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó la Comisión de Protección Social, con la finalidad que luego de seis meses haga una propuesta de reforma del sistema de protección social, que será anunciada el 28 de julio en el mensaje presidencial. Expertos externos al gobierno, un representante de la ONP y otro del MEF conforman esta comisión. Nótese la ausencia del Minsa y Essalud.

El objetivo, según el MEF, es “mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, las pensiones y la protección frente al desempleo”. ¡Tremendo reto! Solo recordemos que el presupuesto público del país era en el año 2005 de S/ 44,728 millones y el 2017 es de S/ 142,471 millones; es decir, se ha más que triplicado. Además, el gasto corriente —que incluye al personal, las obligaciones sociales, pensiones, bienes y servicios, donaciones, transferencias, otros gastos y prestaciones sociales— se ha duplicado, de S/ 40,738 millones a S/ 95,100 millones. Sin embargo, el análisis año a año muestra que el gasto corriente del 2017 sufre un recorte frente al 2016 de más de S/ 18,500 millones, de S/ 113,900 millones a S/ 95,100 millones. Este recorte en el presupuesto del año 2017 significa un duro revés para la protección social.

Además el crecimiento económico ha disminuido, se pronostica que estará alrededor del 2.5% para el presente año; se han perdido solo en Lima más de 50,000 empleos y la PEA se ha incrementado; y la anemia infantil se ha mantenido en el año 2016 en 43.5% entre los niños de 6 a 36 meses. El presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) ha disminuido frente al 2016 en S/ 250 millones y las deudas que arrastra desde el 2011 ascienden a S/ 533 millones. Los beneficiarios de pensiones según la OIT solo ascienden al 23.2% de la población. Se han creado una serie de programas e instituciones —Programa Juntos, Pensión 65, Ministerio de Inclusión Social, Sistema de Desarrollo e Inclusión Social (Sinadis)—; sin embargo, la aplicación de sus propuestas de protección social básica tropiezan con las restricciones de orden presupuestal.

Essalud, cuyo crecimiento y expansión está ligado en modo indiscutible al crecimiento formal de la economía, enfrentará medidas de austeridad y restricciones financieras. La pérdida del empleo y la falta de creación de puestos de trabajo formal afectan en modo directo sus ingresos y la capacidad de respuesta en la atención de salud a sus afiliados.

No está de más recordar que Essalud es el único seguro social con atención integral de todos sus derechohabientes. Las sanidades militares y policial han perdido en modo lamentable esa integralidad a partir de la llamada reforma de salud implementada por el gobierno humalista. Los seguros privados, tanto los que son provistos por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) como otros tipos de seguros, no han logrado crecer y tener mayor participación del 4% del total de asegurados; y menos aún proveen atención integral de salud, a pesar de su promoción a través de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que hizo “obligatoria la posesión de algún tipo de seguro de salud o médico para todos”.

El debate, frente a la reforma del sistema de protección social está complicado por las restricciones fiscales. Menos dinero equivale a menores beneficios. La eficiencia tiene un límite. Además, cada segmento de la población posee sistemas de protección social diferenciados. La lógica peruana ha sido llegar a una “universalización segmentada” de la protección social. En los últimos lustros se ha avanzado en una nueva lógica, llamada de prestaciones sociales básicas, como el SIS, Pensión 65, el Programa Juntos, entre otros. Sin embargo, es conflictivo disminuir los beneficios del segmento poblacional cubierto en modo universal, como ocurre con Essalud. Al cambiar de lógica se modifican los beneficios de los derechohabientes, presentes y futuros. La población tiene además la expectativa de lograr el tipo de seguro de Essalud, debido al riesgo de enfrentar enfermedades de alto costo. La analogía, como expectativa, ocurrió con la histórica “ley pulpín” (Ley del Empleo Juvenil).

La informalidad, incluida la laboral y el gasto de los bolsillos de los usuarios de los servicios públicos, incluidos los de salud, representan el reto de cualquier reforma del sistema de protección social. Sin embargo, el concepto de “prestaciones sociales básicas” dista aún de consenso y posee detractores. En contraparte, el Foro del Acuerdo Nacional ha logrado consensos, sobre todo en lo que refiere a los objetivos; por ejemplo, lograr la seguridad social universal.

En el contexto descrito, la pertinencia e idoneidad del MEF en la creación de la Comisión de Protección Social con la exclusión de los actores involucrados, resulta inconveniente. ¡Es necesario corregir el rumbo!

Herberth Cuba García