La salud y la corrupción

Acciones contra los malos manejos en el SIS y todo el sector

La primera denuncia de corrupción grave contra el gobierno de PPK provino del sector salud. Involucró a un asesor presidencial y a un ex ministro y funcionario humalista. El hecho ha sido difundido por la prensa como “el caso Moreno”. A partir de eso, el 19 de octubre de 2016 el gobierno creó la Comisión Presidencial de Integridad, que emitió un informe con medidas concretas para prevenir y sancionar la corrupción. El documento cita como fuente a la Contraloría General de la República para señalar que “...12,600 millones de soles le arrebatan al Perú́… suma, que equivale a casi el 10% del Presupuesto General de la República del 2016”.

La Comisión de Fiscalización del Congreso, a través de su presidente, dio cuenta que de la computadora del ex ministro y ex funcionario del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), salieron los audios, las transcripciones y la ayuda memoria del “caso Moreno”. Esperamos que el informe final de la comisión señale a los responsables del escandaloso caso y proponga las medidas correctivas.

A su vez, el Ministerio de Salud declaró en reorganización el Seguro Integral de Salud, involucrado en el “supuesto mal manejo de sus fondos”; y el Congreso promulgó la Ley que desactivó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, encargado de la gestión del hospital en donde también laboraba el principal implicado. A su vez, la Presidencia del Consejo de Ministros reorganizó la oficina de asesoría presidencial, cesó a algunos asesores, creó la Comisión Presidencial de Integridad y convocó a sesión al Foro del Acuerdo Nacional. Es decir, decisión política contra la corrupción desde el más alto nivel de gobierno y como política de Estado.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción, no es flor de un día. Es un proceso sostenido, largo y lleno de conflictos. La presión de las estructuras corruptas se mantiene; el anonimato y el manejo oculto de sus actividades son su protección. Politizan y cambian. Esperan que los medios de comunicación y la población bajen la guardia para reciclarse y retornar a sus viejas prácticas. Oponen resistencia a los cambios normativos y a la restructuración institucional. Alinean sus intereses a los justos reclamos de los gremios y la sociedad. Infunden miedo e injurian a los líderes del cambio institucional. Generan opinión negativa ante cualquier acción de gobierno para remover a los funcionarios involucrados en la lucha contra la corrupción.

Un gobierno transparente es una buena herramienta contra la corrupción. Sin embargo, la sola vigilancia no cambia la realidad. Menos aún si la población no percibe el hecho corrupto, por sus costumbres y creencias. Además, el gobierno de la absoluta transparencia choca con el hecho político. La estrategia, esencia de la política, es escondida, con intención, al rival político. A pesar de las limitaciones del gobierno transparente, es un buen inicio; pero debe ir acompañado de la acción. Es necesario avanzar y fortalecer el sistema democrático. Contrariamente a lo que se cree, la corrupción no florece por la democracia, sino por ausencia de ella.

El Poder Legislativo tiene una enorme responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Las tres funciones del Congreso —legislar, fiscalizar y representar— son, en esencia, potentes herramientas contra la corrupción. Es necesario evitar la creación de normas que generen procedimientos y estructuras proclives a la corrupción y que dificulten la labor fiscalizadora. La Contraloría solo contrastará el cumplimiento o no de la norma. Su acción es importante, pero limitada por las leyes. Igual suerte corre el Poder Judicial. Los procesos electorales, en su totalidad, dependen de las normas que emanan del Legislativo. La democracia, como es natural, se asienta en la propia representación popular; es decir, en el Congreso de la República.

Existe un debate ideológico en torno a los orígenes de la corrupción. Es obvio que el comportamiento moral de cada uno de los ciudadanos es relevante no solo para corromper, sino también para ser corrompidos y para ser tolerantes o no frente a la corrupción. Sin embargo, no se debe resumir la corrupción solo al ámbito moral. Existen prácticas corruptas que se reproducen por las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Es decir, un poder político las reproduce o las mantiene.

La decisión del gobierno al crear la Comisión Presidencial de Integridad ha marcado un hecho mediático importante. Sin embargo, si no se adoptan las medidas y se respalda a quienes las toman, desde el más alto nivel de gobierno, estallarán nuevos y más graves escándalos. Hallar a los responsables, sancionarlos, endurecer las penas contra la corrupción es importante, pero no basta. Hay que señalar, estudiar y transformar a la estructura corrupta que da nacimiento al hecho corrupto. En otras palabras, hay que evitar lo que anuncia el dicho popular: “en arca abierta, el justo peca”.

Herberth Cuba García.