Carlos Hakansson
La nueva “Constitución” y su proyecto geopolítico
Autoritario, con libertades vigiladas y sin alternancia democrática
La decisión de presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que permita la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, debe interpretarse a la luz de sus promotores políticos. Desde el frente interno, en la presidencia de la República es clara la idea de un nuevo texto constitucional, no solo explicada por la incomodidad de un capítulo de libertades económicas y a la ausencia de los rasgos típicos de los socialismos del siglo XXI en los países andinos: la invocación a la Pachamama o madre tierra, los principios de suma qamaña y derechos del buen vivir, la soberanía alimentaria, los deberes del ama qhilla, ama llulla, ama suwa.
También observamos un frente externo boliviano interesado en asociar al Perú para un segundo intento de proyecto histórico geopolítico y económico. La necesidad de explotar los recursos y energías renovables, cobre y litio, sumado al anhelo histórico de acceso al Pacífico podría ser el pretexto para refundar nuestro país como la República Bolivariana del Perú, que apruebe un trato preferente de integración con Bolivia, permitiendo una zona franca de inversión en las costas peruanas, construcción de puertos, embarcaciones como inversión privada boliviana y diversos servicios, aprovechando la Carretera Interoceánica. Y también la creación de un proceso de integración para la gestión compartida de explotación y distribución del gas boliviano al sur del país, así como la extracción y venta de las llamadas tierras raras y recursos naturales tradicionales.
La propuesta de una nueva Constitución será resultado de la negación de una economía de mercado, intervención empresarial del Estado, límites a la libertad de expresión, a diversas formas de propiedad privada. Y también de reducir al Congreso a un foro de discusión, menguando su control político, así como un Ministerio Público y judicatura que operen de apéndices del Ejecutivo. Se trata de un conjunto de propuestas de cambio que provienen de un partido político promotor de inexactitudes históricas, de espíritu más reivindicativo que conciliador, que incita más lucha de clases que la paz y armonía nacional, más diferencias que unidad.
Por todo ello, nos encontramos ante un plan ambicioso y temerario que los ciudadanos costeños no veían venir, que no terminan de comprender y del que tampoco formarán parte. En los últimos días hemos visto señales claras que marcarán un antes y después en la forma de gobernar y hacer política. La juramentación “simbólica” en Ayacucho se convierte en el punto de partida de una serie de nuevos estilos en las formas políticas, costumbres republicanas y símbolos patrios, desconociendo la riqueza que trajo el mestizaje cultural y la adopción de la fe religiosa, y a cambio de no saber todavía qué desean para nuestra patria.
Las constituciones del socialismo del siglo XXI se convierten en nuevos instrumentos que operan como transformadores de la sociedad, partitura de proyectos autoritarios con libertades vigiladas y sin alternancia democrática para el futuro político. Las señales vistas durante las distintas ceremonias de los días 28 y 29 de julio, el nuevo atuendo presidencial, un discurso reivindicatorio, el alejamiento de cualquier costumbre o sede republicana indican un conjunto de nuevas ideas que buscarán institucionalizarse desde una asamblea constituyente.
La preparación de dicho objetivo necesita producir el clientelismo suficiente que permita a través de medidas populistas lograr una representación mayoritaria para redactar a su gusto el “estatuto” de fundación, que luego será ratificado por referéndum e instaurar un nuevo régimen que buscará consolidarse en el tiempo. En otras palabras, como se anunció recientemente desde la presidencia de Perú Libre: llegar al poder, mantenerse en el poder y la sucesión en el poder.
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