La informalidad y la Intelligentsia peruana

¿Es coherente pensar que pronto estaremos en la OCDE con economía 70% informal? 

El mayor problema que enfrenta el Perú es la informalidad: el 70% del país se desarrolla en ese sector. Por ello, el lema del reciente CADE, "Hagamos del Perú un país del primer mundo", hace que uno se pregunte ¿hagámoslo de todo el Perú, o del 30% que se desarrolla en la formalidad? 

Desde los años ochenta, Hernando de Soto estudia la informalidad y el costo que representa para el estado y el desarrollo del país. El Otro Sendero (1986), explica como el primer paso hacia la formalidad es el reconocimiento de los derechos de propiedad, que deben ser entendidos no solo como la mera entrega de un título sobre una propiedad, sino más como el reconocimiento de la propiedad de un derecho. El siguiente, es la simplificación administrativa para lograr que ese derecho sea plenamente reconocido y pueda ser ejercido por su titular. 

Durante los noventa, algunas ideas de De Soto fueron llevadas a La práctica, se implementaron reformas y el Perú avanzó. Lamentablemente, con el pasar de los años y sin una burocracia que entendiera la importancia de las instituciones, sumando a ello incentivos perversos, se retrocedió en lo avanzado y volvimos a hundirnos en la tramitologia y el cobro desmedido de tasas y derechos. 

La minería informal y la ilegal se desarrollan fuera del marco de la ley con terribles consecuencias no sólo para el ambiente. Se desarrollan en zonas donde no existe presencia del estado, donde se implanta la ley de la selva y donde quien manda es el más fuerte. Esto es lo más parecido al "lejano oeste". Sin autoridad, sin estado de derecho, la minería informal se rodea de ilegalidad, desde el acceso a los bienes de capital (dragas) y a los insumos que utiliza (gasolina, mercurio, cianuro), hasta la comercialización del mineral, que debe ser blanqueado a través del mercado formal. Cerca a los campamentos mineros se establecen bares y prostíbulos, el tráfico de personas y la prostitución infantil campea. Y es así como lo informal se confunde con lo ilegal. Claramente el estado ha sido incapaz de lograr que los mineros informales sean "incluidos" formalizándolos, y tampoco ha logrado erradicar la minería ilegal. Entonces, si el estado ha fracasado, ¿no sería lógico buscar una vía alternativa? 

Según un estudio del ILD, completar el proceso de formalización de los mineros informales toma 1260 dias de trámites y US$87,849. El plazo establecido para la formalización venció en abril y ¿sabe cuantos lograron formalizarse? 5 de 300,000. Este es claramente un proceso fallido. 

Si viviéramos en un país donde la lógica rigiera, el gobierno debiera tomar en serio el estudio del ILD y tratar de desarrollar una estrategia que logre la formalización de los mineros informales. Pero como vivimos en el Perú, en lugar de ello, el Ministro del Ambiente prefiere atacar a De Soto y advertirle que tenga cuidado con sus afirmaciones. Mientras, la intelligentsia peruana, que nunca logró entender a De Soto, desestima la propuesta. Si solo entendieran que De Soto aplica a un problema práctico lo que grandes economistas del desarrollo sostienen respecto de la importancia de los derechos de propiedad para el funcionamiento de las instituciones. No se trata de títulos, se trata de derechos de propiedad. No se trata de De Soto, se trata de Smith, Weber, North, Acemoglu. Pero sigamos así nomás, y esperemos aterrizar en el primer mundo con nuestro 70% de informalidad.

Por Ana Luisa Guerrero

27 - nov - 2014