La Iglesia católica no puede ser un partido político

La designación de un segundo cardenal, en la persona de un obispo ideologizado y políticamente beligerante como Pedro Barreto, ha sido aprovechada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana para emitir un comunicado (“Por un Perú nuevo donde reine la justicia”) con fuertes aromas del Frente Amplio y Nuevo Perú. Aunque en la página web de la Conferencia no aparecen ni se mencionan firmantes, se conoce que, además de Miguel Cabrejos y el obispo de Huancayo, el documento solo fue endosado por dos prelados más: Robert Francis Prevost (de Chiclayo) y Norberto Strotmann (de Chosica), ambos extranjeros. A pesar de la fragilidad de los juicios sobre temas complejos del quehacer nacional, el descuidado pronunciamiento —que pretende representar a todos los obispos del Perú— quiere marcar un punto de inflexión en la posición de la Iglesia, empujándola a intervenir en política. Pero no lo hace para unir sino para polarizar a los católicos que, fuera del clero, se sienten —y son— parte de ella, porque la Iglesia es de todos.

Hacer política desde el púlpito de la Conferencia Episcopal y asumir posiciones que alientan la protesta y la lucha de clases no es lo que se espera de vicarios que deberían tener presente que el corazón de la prédica cristiana es el amor y, por tanto, la unión. Tampoco es admisible que ignoren las tensiones políticas provocadas por el reciente cambio presidencial o la violencia antiminera que confluye con los recientes asesinatos narcosenderistas en el VRAEM.

Es lamentablemente contradictorio que los obispos mencionados presuman que “la opción por los pobres” exige condenar a las empresas e inversionistas que crean riqueza, generan empleo y pagan la mayor parte de los impuestos que nutren la caja fiscal y el presupuesto público. Con inoportuna torpeza, han emitido su pronunciamiento cuando el Banco Central de Reserva y el Instituto Peruano de Economía coinciden en señalar un conjunto de indicadores que evidencian una recuperación económica sostenible, que se sustenta especialmente en el consumo interno. A ello se ha sumado el contrato de inversión (y el Fondo de Adelanto Social) de Southern Perú en Michiquillay, con el abierto apoyo de los cajamarquinos. Un respaldo popular que se da en regiones donde los “ambientalistas” del ex cura Arana, de la mano con el nuevo cardenal —entonces Vicario de Jaén— arruinaron inversiones tan potentes como Conga, que habría reducido drásticamente la pobreza en Cajamarca.

El obispo Cabrejos —un humalista proactivo— debería recordar la importancia de la continuidad en la doctrina social de la Iglesia. Frente a la miseria obrera provocada por la Revolución Industrial, León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum (1891). Y desde esta hasta la Centesimus Annum (1991) de San Juan Pablo II la orientación ha sido consistente: la justicia social está en las antípodas del marxismo, y no legitima una intervención de la Iglesia en política que desacate la orden de Cristo cuando dijo (a los fariseos) “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Una directiva que los vicarios deberían recordar cuando, al estilo del Arana, trafican con el cambio climático para justificar sus políticas contra el capital y la inversión, especialmente en la gran minería. Sorprende que el presidente de la Conferencia Episcopal y sus conspicuos seguidores (nacionales y extranjeros) se propongan utilizar a la Iglesia para que los pobres que dicen defender sigan siendo “mendigos sentados en un banco de oro”.