La eterna promesa del agua potable

De las tantas promesas de campaña electoral que se hacen cada cinco años, la del agua potable para millones de peruanos es recurrente interminable, por el hecho de que su cumplimiento está asociado a la informalidad de la vivienda, otro de los problemas igualmente irresueltos desde hace décadas. Si año tras año, de cada tres viviendas que se construyen solo una es formal, resulta obvio que las dos viviendas informales demandarán agua potable, entre otros servicios, al Estado. Los de electricidad y de telefonía pueden ser resueltos más rápidamente, pero la instalación de redes sanitarias es más difícil, con mayores costos y en muchos casos hasta inviable.

Un reciente informe de la institución Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), señala que solo el 4% de las nuevas familias constituidas acceden al programa Techo Propio de Mivivienda, cada año; mientras que el déficit anual de vivienda es del orden de 99,000 unidades que deberían ser ofertadas, en contraste con los 142,000 nuevos hogares que se forman cada año y que requieren un techo. Es decir, mientras la informalidad de la vivienda corre a 100 por hora, la creación de vivienda formal, por parte del estado y el sector privado, lo hace a una lentitud de 55 por hora. Eso explica también porque, cada año, hay más demanda de agua potable porque tarde o tempranos los pobladores organizados de ese sector informal pedirán al Estado que se les instale agua potable.              

¿Cuál es el meollo de la cuestión?  Los altos costos y obstáculos para instalar agua potable para los sectores que optaron por la vivienda informal tienen varias aristas a tratar, que no se pueden resolver con la simple promesa de instalar más agua potable. En primer lugar, porque la informalidad de la vivienda, es un factor de crecimiento horizontal de ciudades metropolitanas, intermedias y pequeñas que demandan mayor extensión de redes, instalación de reservorios de agua (de provisión directa o de rebombeo) o incluso de proyectos muy caros para traer agua de las cuencas más altas o la instalación de pozos tubulares.  En segundo lugar, porque cada vez los nuevos asentamientos informales o agrupaciones de familias son más pequeñas o se ubican en zonas de alto riesgo, zonas arqueológicas, propiedad privada o en áreas que están dedicadas a la agricultura, la recreación u otro tipo de servicios. En una gran mayoría de casos las entidades encargadas de instalar redes de agua no pueden hacerlo, se presentan situaciones de litigio o los procesos de acondicionamiento son cada vez más caros. Por esa misma razón, los procesos de formalización que desarrolla Cofopri son cada vez más lentos y costosos. 

Una gran parte de proyectos de agua potable están paralizados porque los informes de Defensa Civil de las municipalidades señalan que esas ocupaciones informales están en espacio de riesgo alto o medio, lo cual, paraliza cualquier intento de instalación de agua potable. El propio Ministerio de Vivienda, a tenor de los daños producidos en los últimos fenómenos del niño, ha emitido normas legales que bloquean esta posibilidad, paralizando los procesos de formalización, porque esas ocupaciones informales no solo no pueden acceder a un título de propiedad, sino que, tampoco pueden obtener certificados de posesión de las municipalidades.    

El problema radica en que los candidatos presidenciales ofrecen el agua potable, pero no ofrecen soluciones integrales, porque no conocen el fenómeno en su profundidad, lo que les impide crear propuestas que rompan este círculo vicioso, originado por la informalidad de la vivienda y la incapacidad del estado, por crear un mercado inmobiliario que llegue a los sectores de más bajos recursos. Obviamente, si los partidos políticos y los líderes no acometen a fondo este problema, solo reducirán su comportamiento a ofrecer más agua potable, como una promesa infinita e interminable en las sucesivas campañas electorales.  

La verdadera solución al problema radica en generar una propuesta que ataque el problema en cuatro dimensiones: En primer lugar, replantear el programa Mi Vivienda, porque luego de casi 20 años de funcionamiento no ha logrado llegar a gran parte de los sectores C y, sobre todo, a los sectores D y E. Si el estado a la larga termina por subsidiar a un alto costo los servicios para la vivienda informal y su formalización a través de Cofopri, ¿por qué no se aumenta drásticamente el subsidio a la vivienda formal para los sectores de escasos recursos? De tomarse esa decisión el estado gastaría menos, atacando de raíz el crecimiento de la informalidad.       

En segundo lugar, el estado requiere redefinir el tratamiento normativo y técnico que ha tenido para con los asentamientos o agrupaciones que se encuentran en zonas de riesgo, muchos de los cuales llevan más de 10 años sin poder resolver la titulación de la propiedad y el levantamiento de las observaciones realizadas por estar ubicadas en riesgo alto o medio. Se trata de un gran reto, no solo jurídico, sino de ingeniería civil y sanitaria de alta e intensa intervención multidisciplinaria, para lograr que esas poblaciones adecuen sus espacios para superar la situación de riesgo o simplemente ser trasladado a otros lugares. Solo así después podrán acceder a proyectos de agua potable.

En tercer lugar, es imprescindible un combate frontal a los traficantes de lotes y a las propias autoridades locales y policiales que terminan por favorecer a este sector, donde se desarrolla una de las actividades delictivas más desarrolladas y donde se mueve mucho dinero. Esto implica modificar normas legales e incluso el propio Código Penal, para evitar la impunidad de esta actividad ilícita. En cuarto lugar, tanto Cofopri como las municipalidades, requieren de reformas institucionales que permitan, en el primer caso, acelerar la capacidad de formalización de la propiedad, el desarrollo del catastro urbano y, en el segundo caso, dotar a las municipalidades de competencias e incentivos que generen programas de vivienda para sectores de bajos recursos. Pero, adicionalmente, se requiere que Cofopri trabaje más estrechamente con las municipalidades a fin de que en el futuro estas últimas desarrollen las capacidades técnicas para formalizar la propiedad con procedimientos rápidos, baratos y modernos.  

Lamentablemente, ningún programa de gobierno, de partido alguno y de los candidatos, se ha atrevido a hacer una propuesta ambiciosa sobre este tema, que data de varias décadas atrás.