Justicia

Sobre el desafío de acceso a la justicia de los más pobres

Delia Flores Tapara dio a luz en el pasado mes de octubre en su casa y sin asistencia alguna. Aquello no es extraño en Arequipa donde, de acuerdo al Índice de competitividad, 8% de todos los partos ocurren en el hogar. El lunes 4 de enero ella y su pareja, Abel Catata Tunquipa, llegaron a la Reniec de El Pedregal para inscribir al niño. Como hubo cierta discrepancia en cuanto a la fecha exacta del nacimiento, la registradora llamó a la policía sospechando que se trataría de Juan Pablo, un  bebe secuestrado por aquel  mes de octubre.  Al día siguiente llegó a El Pedregal la madre de Juan Pablo, el niño secuestrado, quien aseguró que Delia Flores era la mujer que le robó a su bebe. Sin embargo, no pudo reconocer al bebe ni tampoco se pudo comprobar las huellas digitales que se le tomaron a Juan Pablo cuando nació.

No obstante, ni al fiscal ni al juez poco les importó aquello y ordenaron 9 meses de prisión preventiva por supuesto delito de secuestro contra Delia Flores y Abel Catata. Delia fue enviada al penal de Pucchun pese a que se había ordenado una prueba de ADN cuyos resultados aún no se conocían. Jairo, el niño de Flores y Catata, fue internado en el albergue Chávez de la Rosa de Arequipa.

Delia Flores permaneció detenida 7 días, hasta el 12 de enero, día en el que la prueba de ADN demostró que ella era la madre de Jairo. Hasta el momento de escribir este artículo ella aún no se había reencontrado con su bebe ya que es el juzgado de familia quien debe determinar la entrega.

Delia Flores es una mujer pobre que vive en un distrito pobre y en una provincia de Arequipa. Uno de los derechos fundamentales que diferencian a un país desarrollado de uno en vías de desarrollo es el acceso a la justicia. Este implica que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que sin importar su nivel socio económico, sexo, raza, etnia a la que pertenecen o lugar geográfico donde viven, toda persona debe tener acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones.

En el Perú, estamos abusando de la prisión preventiva. Los jueces primero ordenan la detención para después investigar, cuando la doctrina procesal manda que primero se debe investigar y obtener pruebas fehacientes de la responsabilidad del denunciado antes de ordenar la detención.

El caso de Delia Flores es solo un ejemplo de los miles de ciudadanos peruanos que por no tener recursos no tienen acceso a la justicia, pero no es el único. María Elena Llanos, es otro ejemplo de quien teniendo recursos, tampoco tiene acceso a la justicia. Ello porque el padre de su hija tiene acceso directo a Palacio de Gobierno al haber ayudado a la pareja presidencial durante la campaña 2011.

¿Quién le devuelve a Delia Flores los días que pasó en el penal de Pucchun? ¿Quién va a resarcir la angustia de haber sido obligada a entregar a su hijo a un albergue? ¿Cómo logramos que las autoridades asuman su responsabilidad por haber ordenado una detención sin pruebas suficientes? ¿Qué responsabilidad asumirá el exministro del Interior Wilfredo Pedraza quien vía Resolución Ministerial liberó de responsabilidad a los funcionarios de migración que autorizaron la ilegal salida del país de la hija de María Elena Llanos?

Por: María Cecilia Villegas