Grosera mega-maniobra

Lo que se mueve detrás de la llamada “megacomisión”

La decisión de la mayoría oficialista del Congreso de aprobar el informe de la “megacomisión investigadora” del segundo gobierno aprista constituye una maniobra política que daña las bases mismas de nuestra democracia y transgrede la Constitución con el propósito evidente de favorecer un proyecto político autoritario.

Es una maniobra política porque responde a un propósito de esa naturaleza, que es impedir que el ex presidente Alan García sea candidato a la presidencia el 2016. Se pretende marginar a García para polarizar al electorado entre la candidata fija en pasar a la segunda vuelta, Keiko Fujimori, y el candidato de la alianza conformada hoy por el toledismo, el nacionalismo, Acción Popular y la llamada izquierda caviar.

Aunque la señora Nadine Heredia ha negado que esté pensando en postular el 2016, el hecho de que la consigna de inhabilitar a García viene del partido de gobierno nos indica que la esposa del presidente está alistándose para repetir dentro dos años la frase célebre de Susana Villarán: “No he mentido, solo he cambiado de opinión”.

La maniobra daña la base misma de nuestra democracia porque la reelección conyugal violenta uno de sus pilares fundamentales: la alternancia en el poder. ¿Alguien duda que una elección de Heredia sería la continuidad del régimen por cinco años más? Después ella preparará el terreno político para que Ollanta Humala regrese el 2021, y así sucesivamente. Puro autoritarismo.

Y digo que es inconstitucional porque va contra el espíritu de nuestra Constitución, que prohíbe de manera expresa la reelección presidencial inmediata para asegurar la alternancia.

Para quedarse en el poder, los autoritarismos latinoamericanos se valen de dos recetas conocidas. La primera es cambiar la Constitución para reelegirse indefinidamente, como Maduro en Venezuela, los Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia; y la segunda es la “reelección conyugal”, en la que el caudillo y su pareja se alternan en el poder, tal como lo han hecho los esposos Kirchner en Argentina. Esta parece ser la receta elegida para el Perú.

Aquí no se trata de defender a García - que toleró el mismo trato a los fujimoristas cuando estuvo en el poder - sino de defender el derecho fundamental a la presunción de inocencia y al debido proceso, sea García o quien sea. En el nombre de una supuesta moralización nadie puede pisotear los derechos humanos. Si hubiese un afán moralizador genuino, el régimen habría actuado con la misma celeridad ante otro escándalo en el que sí abundan indicios sólidos y concurrentes de graves delitos: el caso Ecoteva de Alejandro Toledo.

Y claro que debe investigarse si hubo corrupción en la entrega de indultos, ninguna persona honesta podría oponerse a ello. El punto está en que la investigación debe hacerse con estricta observancia al Derecho, como lo han señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en jurisprudencia que ha servido de base para que la justicia anule lo actuado por la megacomisión en sus indagatorias sobre García, por haberse transgredido el debido proceso.

El Congreso ha cometido un grave error al aprobar el informe contra García porque es casi un hecho que el Poder Judicial declarará nulo dicho acuerdo en la medida que convalida una investigación viciada por haber violado derechos fundamentales. Pronto presenciaremos otro conflicto de poderes originado por el autoritaritarismo humalista.

En el contexto reseñado, le corresponde a las fuerzas políticas democráticas y a la prensa independiente enfrentar y denunciar el proyecto autoritario, y defender no a García, sino a la democracia y a los derechos fundamentales que se pretende avasallar desde el poder.

Por Víctor Robles Sosa