Golpe de Estado, nuevo gabinete ministerial

El 7 de diciembre del 2022 ha quedado registrado en la historia del Perú como un día de la salvación del régimen republicano y de la democracia. Sin embargo, pasados los días, se conocen mejor los hechos y se comprende la magnitud y las características del golpe de Estado. A estas alturas se sabe que no ha sido un exabrupto del presidente, sino un proceso concebido y planificado con antelación. Por un lado, se había prefigurado un copamiento de la frondosa burocracia estatal, con la finalidad de impulsar un proceso constituyente, a través del “convencimiento” a los miembros del Congreso para reformar la Constitución, o mediante su cierre inconstitucional. En ese sentido, visto ahora en retrospectiva, se comprende mejor las designaciones de que no cumplían con el perfil que exigen los cargos y la alta rotación de funcionarios. Asimismo, el ingreso de un gran número de nuevos servidores bajo mecanismos de contratación, a veces sin la correspondiente necesidad del servicio. 

El actual presidente del Consejo de Ministros ha remarcado, a modo de ejemplo, el caso de las designaciones en la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), de prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores. Incluso ha vinculado a estos funcionarios de confianza con el atizamiento de las movilizaciones y marchas contra la nueva presidente y en defensa del hoy preso expresidente Castillo. También ha sugerido, sin precisar, el rol de los funcionarios en los sectores que están vinculados con la erradicación del narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, el contrabando o la formalización empresarial o las mesas de negociaciones gremiales o de solución de conflictos. 

Por otro lado, se realizaron una serie de sesiones del Consejo de Ministros, denominados descentralizados, con la finalidad de aumentar las expectativas ciudadanas y generar un “proceso de polarización permanente” sobre la base de las necesidades insatisfechas de las poblaciones o comunidades más pobres. Asimismo, se otorgó mayor poder, incluso fuera de las zonas de su influencia, a las rondas campesinas y a las comunidades nativas, entre otros. La finalidad era destruir el Estado unitario y crear la necesidad de un Estado plurinacional y una asamblea constituyente conformada por “corporaciones o cupos de representación” de cada segmento diferenciado de la población. Esta modalidad electoral permitiría que “una minoría de votantes” se hiciera con el control de la asamblea constituyente y del gobierno.  

Este proceso, concebido con meticulosidad fue, sin embargo, infestado de corrupción. La forma de captar adeptos implicaba un sistema de “dádivas” o “gastos operativos” en cada uno de los componentes del Estado. Incluso para “algunos congresistas”, tal como fue delatado por el entorno más cercano al expresidente y que ahora son colaboradores eficaces de la justicia. Asimismo, la voracidad personal de los funcionarios hizo el resto. Las denuncias de corrupción y el rol de la Fiscalía de la Nación pusieron en evidencia los altos niveles de corrupción; sin embargo, no fue suficiente para vacar al presidente, por el blindaje de por los menos 44 congresistas, que lo hacían por compromisos ideológicos o por intereses personales. El tiempo y la justicia es probable que aclaren “quien es quien”. Hay que tomar en cuenta que el Congreso es unicameral, conformado por 130 congresistas, de tal manera, que con 44, se asegura la imposibilidad de la vacancia presidencial, porque para que esto ocurra se requiere 87 votos, según el Reglamento del Congreso de la República. 

El 7 de diciembre, en la mañana, un colaborador eficaz ratificó en la Comisión de Fiscalización del Congreso que le había entregado dinero (S/ 100,000), personalmente al presidente Castillo. La sesión del Pleno estaba programada para las tres de la tarde, y en ella el presidente Castillo podria ejercer su defensa para que los congresistas voten sobre la vacancia presidencial. Sin embargo, el presidente, en cadena de la televisión estatal nacional, pronunció un discurso que justificó el golpe de Estado, así como sus objetivos. Entre estos se encontraban la creación de un gobierno de Excepción, la utilización de los decretos ley y convocar a elecciones para un congreso constituyente. También hizo un llamado a las rondas campesinas, a los gremios y a la población a defender “el golpe de Estado”. Es decir, un golpe, con la estrategia de la tenaza; por un lado, el Ejército y la Policía Nacional. Como es obvio, la polícía no acató el golpe, e incluso arrestaron al presidente en flagrancia. Por el otro lado, el otro brazo de la tenaza, estaban los “grupos sociales organizados” para tal fin. Al centro, emboscada, la población peruana y las organizaciones legítimas de la sociedad y el Estado de Derecho. Como se puede apreciar, la violencia y el derramamiento de sangre, es parte de los escenarios previstos. Así lo había pronosticado, incluso, un exministro. 

La vacancia presidencial por infracción constitucional –debida al golpe de Estado– y la juramentación de la nueva presidente, según las pautas de sucesión normadas por la Constitución, se produjo el mismo 7 de diciembre. Recién el 10 de diciembre juramentaron los nuevos ministros. Aunque parezca increíble, los ministros del presidente golpista, durante esos días, siguieron en ejercicio de sus funciones. Los políticos y la población recién comprenden, la naturaleza del gobierno vacado y las frondosidades de la estructura golpista orquestada. Por tanto, la elección de los miembros del nuevo gabinete ministerial, más técnico que político, podría ser un hándicap para enfrentar la asonada contra la democracia y la República.

Los medios de comunicación han dado cuenta de la falta de diagnóstico que aún tienen los ministros frente al fenómeno del “golpe de Estado”. El rol de los ministros es esencial, pero es necesaria mayor fluidez y rapidez. Además, los partidos políticos, lejos de pensar en las próximas elecciones o en las discusiones prolongadas, deberían, primero, defender la Constitución y el Estado de derecho. Al contrario de lo que muchos creen, enfrentar el golpe de Estado no es solo una tarea policial y militar, sino que requiere el involucramiento de la sociedad en su conjunto. ¡Cuidado, la democracia ya está contra la pared!