¿Gatos de despenseros?

Malos e inescrupulosos directivos y funcionarios

La Constitución prevé, dentro de su ordenamiento jurídico, la conformación de organizaciones reguladoras y de control para asegurar el correcto andar del Estado y velar por el uso racional y transparente de los bienes, servicios y fondos públicos. Con ese fin existen el Poder Judicial, el Ministerio Público, La Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, así como otras organizaciones y organismos descentralizados que dependen de ellos en todo el territorio de la República.

Sin embargo, vemos con preocupación que desde hace más de dos décadas son precisamente dichos organismos los que vienen incumpliendo en forma sistemática sus responsabilidades en la salvaguarda de los intereses nacionales y el impulso del desarrollo. Hoy la corrupción en las dependencias públicas es alarmante y abarca a casi la totalidad de estamentos del Estado. Es por ello que la ciudadanía se siente defraudada ante tanta inoperancia no necesariamente de las instituciones, sino de los malos funcionarios que las conforman.

No es posible que los magistrados que destaparon el escándalo de Lava Jato en Brasil sean los quienes nos proporcionen los nombres de los corruptos en el Perú. Aquí nadie sabía nada y los ladrones se paseaban como “Pedro por su casa”. O que narcotraficantes como Gerson Gálvez (a) “Caracol” o Gerald Oropeza hayan sido capturados por la policía colombiana y ecuatoriana, respectivamente. Otro botón de muestra es el caso de Martín Belaunde Lossio, quien fue detenido por la policía boliviana.

En la actualidad, y pese a las evidencias delictivas que existen contra muchos personajes, estos abandonan el país con facilidad; tal como ha sucedido con Alejandro Toledo, cuya repatriación será sumamente difícil. Y lo peor es que probablemente otros encausados fuguen también del Perú, ante la indolencia y negligencia de nuestras autoridades judiciales.

La Contraloría, que durante el gobierno de Humala se mantuvo inactiva y silenciosa ahora, en cumplimiento de su función declaró ilegal la escandalosa adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero, recibiendo como respuesta la arremetida del Poder Ejecutivo, que no le perdona tamaña osadía. Pesa en contra del contralor, Edgard Alarcón, la acusación de haber efectuado negocios inmobiliarios y vehiculares en beneficio propio; hechos que, curiosamente, las autoridades encargadas de gobernarnos conocían desde hace varios meses. Al final, la suerte del contralor será determinada por el Ministerio Público y el Congreso.

El Indecopi, que debería garantizar el derecho a la libre competencia y el respeto a los consumidores, y la Digesa, que es la autoridad responsable de velar por la salud ambiental y la vigilancia de la calidad de los productos, también vienen defraudando a la opinión pública. Ha tenido que ser el gobierno panameño el encargado de poner en tela de juicio a un producto lácteo peruano, para que estos organismos nacionales recién se preocupen en cumplir con sus funciones. Lo mismo sucede con nuestro producto de bandera, el pisco peruano, que se está vendiendo como aguardiente de uva en el mercado chileno, sin que los malos empresarios que lo producen hayan sido sancionados hasta la fecha.

Si seguimos ocupándonos de otros organismos como Osiptel, complaciente con los abusos cotidianos cometidos por los operadores de las telecomunicaciones, o de Proinversión, que debería promover en forma transparente la inversión privada en servicios públicos y no dar “luz verde” a leoninas adendas como las de Kuntur Wasi, encontraremos que en lugar de contar con instituciones reguladoras y de control, como manda la Constitución, tenemos a malos e inescrupulosos directivos y funcionarios como “gatos de despenseros” que traicionan la fe y confianza de todos los peruanos.

Por ello se requiere hoy compromiso del Ejecutivo y el Congreso para que en conjunto desarrollen las acciones que nuestro país necesita para tomar nuevos rumbos que aseguren la continuidad democrática; respetando las leyes y, sobre todo, asegurando que la decencia y honradez vuelvan a ser los distintivos de todo funcionario público. Si nuestras instituciones siguen fallando, nos iremos a un despeñadero de imprevisibles consecuencias.

Carlos Arnillas Denegri