Formalización que no culmina

La Comisión de Energía Y Minas del Congreso, con el beneplácito del Ministerio de Energía y Minas, pretenden ampliar (por 90 días más) el plazo de caducidad del Registro Integral de Formalización Minera (Ley 1388 - Reinfo), cuando la fecha establecida para el cierre del Reinfo es el próximo 3 de diciembre del 2024.

No obstante estar vigente la ley por más de un año, la comisión parlamentaria plantea otorgarles un plazo mayor a los mineros ilegales. En el ínterin, estos mineros actúan al margen de la ley, sin tener en cuenta ninguna medida de cuidado ambiental, perjudicando a la población del entorno, excluyendo al estado de la contribución que deben pagar, al igual que lo hace el sector minero formal. 

Además, las jurisdicciones donde operan se ven perjudicadas porque no reciben canon ni regalías minera por la explotación de recursos minerales; y, peor inclusive, porque los mineros ilegales fomentan actividades delictivas que se reflejan en enfrentamientos violentos entre bandas que asolan a la población local. Recordemos que, en junio del 2022, quince mineros ilegales fueron asesinados por el control de una operación aurífera y, según información a la que accedimos, ninguno de ellos ni sus “jefes” estaban ni pretendían formalizarse en el Reinfo.

Ampliar el plazo del Reinfo representará el fortalecimiento de la posición de los mineros ilegales y el reconocimiento del fracaso de la política implementada por el estado. Tengamos presente que, si los mineros ilegales logran dicha ampliación, esa sería la tercera oportunidad que se les brinda y, posteriormente, habrá nuevas solicitudes de ampliación para que la ilegalidad se consolide y perpetúe.

Por su parte, la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía ha observado esta pretensión del legislativo y el ejecutivo, argumentando que sumar más inscritos significará un riesgo para las inversiones futuras, tanto para las establecidas como para las nuevas. Y tienen toda la razón, más aún porque la experiencia ha demostrado que el Reinfo no ha servido para los fines para el cual fue diseñado. A la fecha, se han inscrito 80,000 mineros ilegales y 66,000 de los cuales han sido suspendidos.

Las autoridades del Minem tampoco tienen certeza que los 80,000 inscritos representen el 100% de los mineros ilegales, lo más probables es que éstos sólo sean una fracción del universo de personas que son sometidas a trabajos de riesgo sin equipos de protección personal que garanticen su integridad. Además, las autoridades del Minem pueden establecer si los mineros ilegales formalizados están cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Así como también que los mineros ilegales suspendidos han dejado de operar.

Por otro lado, sorprende que se promuevan acuerdos entre titulares de una concesión y mineros “artesanales” como proveedores. En adición, que a los mineros ilegales se les otorgue un porcentaje de las ventas de la minería formal a cambio que permitan la operación principal. Esto representará la legitimación de conductas extorsivas para que dejen trabajar al minero formal. Ejecutar medidas de este tipo alentará la incursión de los ilegales sobre las actuales concesiones mineras, sea en la fase de proyectos o en operaciones. Existe un gran desconocimiento de lo que sucede en el interior del país. Además, propuestas de este tipo vulneran la seguridad jurídica.