Estado, gobierno y desastres naturales

Las respuestas del Ejecutivo y el Congreso ante la emergencia

El Niño Costero ha desnudado las falencias y las diversas percepciones de los ciudadanos sobre el Estado peruano. Se ha puesto en evidencia la incapacidad para responder a las necesidades de la gente de manera inmediata, y la administración estructurada, formal y predecible del Estado ha sido quebrada por las emergencias y los desastres. La estación de lluvias y huaicos previsibles se transformó, por su magnitud, en los desastres y las secuelas que hoy vivimos. El gobierno lo asimiló, pero le tomó tiempo.

El Poder Ejecutivo, luego de tanteos iniciales y falencias en la organización del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y con la participación de las Fuerzas Armadas, viró con decisión hacia una respuesta política que significó la distribución de los ministros en las áreas geográficas afectadas, así como la implementación y funcionamiento de los centros de operaciones regionales y locales. El Ejecutivo, desde el más más alto nivel, asumió el mando de la emergencia y gatilló la participación de los gobiernos regionales y locales. En ese momento se pudieron destrabar fondos para esos fines, con dispositivos legales de emergencia.

Las contradicciones políticas y la capacidad de gobierno con el gabinete ministerial —jaqueado por el Congreso por la interpelación, por el caso del Aeropuerto de Chinchero (Cusco), al ministro Martín Vizcarra, quien a su vez es vicepresidente de la República, y con amenazas de censura que motivaron la respuesta coloquial del presidente PPK de presentar en su momento una cuestión de confianza— se trastocó, por obra de la furia de la naturaleza, en salvataje y en una nueva posibilidad de maniobra y oxigenación para la sobrevivencia del gabinete ministerial.

El Congreso, con la agenda aprobada para la interpelación —que a todas luces debilitaba la acción del Poder Ejecutivo— aplazó la interpelación y luego la desactivó con el mecanismo de la falta de quorum, siguiendo, como es obvio, al principio de primacía de la realidad impuesto por el Niño Costero. A su vez, se adelantó la semana de representación para que los congresistas acudan a las zonas afectadas. Es decir, el funcionamiento del Congreso ha quedado “suspendido” a lo largo de la emergencia, y los congresistas han acompañado a los diversos ministros, gobernadores regionales y alcaldes en las acciones del Poder Ejecutivo para mitigar el desastre natural.

La acción congresal desplegaba su fuerza y ponía la agenda en el seno de la gestión gubernamental estructurada y predecible. Sin embargo, El Niño Costero cambió la agenda, sumó los desastres y las emergencias a la acción congresal. Las funciones de legislar, fiscalizar y representar, inherentes al Parlamento, perdieron norte y pertinencia. La inicial expresión de “no obstaculizar” se ha convertido en “dejar hacer”. No se ha avanzado en la acción proactiva y de cooperación entre los poderes públicos. El Congreso no ha acompañado en la dación de normas de emergencia, y menos en destrabar y viabilizar la legislación necesaria en situaciones de desastres naturales.

Dada esta situación, algunos sectores antidemocráticos han aprovechado la oportunidad para difundir su equivocado mensaje sobre lo innecesario y oneroso que resulta el Congreso de la República para nuestro país. Además, han exagerado sobre la capacidad que tienen algunos congresistas de aparecer en la foto.

El Poder Ejecutivo y el Congreso necesitan cooperar, coordinar y complementarse para transformar en realidad la frase oficial “una sola fuerza”; pero para lograr ese objetivo cada poder del Estado debe realizar en modo pleno sus funciones. Por ejemplo, las funciones de salud pública, emergencias y desastres, como lo ha demostrado El Niño Costero, requieren de una respuesta nacional para lugares puntuales. Es decir, la capacidad de trasladar grandes recursos desde las regiones no involucradas a las regiones afectadas. Sin embargo, según la actual legislación, eso es muy difícil y engorroso. El proceso de descentralización realizado durante el gobierno humalista transfirió, en modo equivocado, las funciones de salud pública a los gobiernos regionales, cuando según la Ley de Bases de Descentralización y el sentido común son compartidas. Y lo que se comparte no se transfiere.

La realidad actual y las dificultades en el trabajo sanitario contra El Niño Costero han puesto en evidencia esas falencias. Son necesarias no solo normas de emergencia, sino emprender una revisión normativa de la capacidad de respuesta del Estado unitario. Y que, sin perjuicio del fortalecimiento del proceso de descentralización, se permita también aunar esfuerzos nacionales para focalizar en un punto o región la acción unitaria del Estado. Es momento de hacer realidad la frase “una sola fuerza”.

Herberth Cuba García