En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso

Si algo puede hacerle daño a un pueblo es que se le mienta. Y esto es lo que viene ocurriendo, en forma reiterada, por acción del señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Un error que viene impactando negativamente en su imagen, y que ha bajado su aprobación a 58%.

El primer punto en su contra ocurrió cuando negó haberse reunido con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Hecho que luego fue desmentido por la propia Keiko, quien aseguró que dichas citas se produjeron en dos oportunidades (abril y fines de junio del presente año). Vizcarra dijo que no hizo públicos los encuentros a pedido de Keiko, hecho que también fue desmentido.

Martín Vizcarra, como titular del MTC, pidió a Edgard Alarcón, ex contralor general de la República, una “recomendación administrativa” para sacar adelante la adenda del proyecto del aeropuerto de Chinchero, que causaba un perjuicio al Estado por US$ 40 millones. Esa exigencia dio lugar a siete reuniones —en tres de ellas solo estuvieron ambos personajes— para presionarlo, lo cual también fue negado por Vizcarra. La investigación sobre este caso estuvo a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien misteriosamente decidió archivarla, con el V°B° del ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

Intentó ocultar que su empresa, CYM Vizcarra, formó parte en el año 2003 del Consorcio Colca para la construcción de la Represa de Pillones en Arequipa, junto a Obrainsa y Upaca S.A., miembros del Club de la Construcción. El presupuesto inicial de la obra fue de US$ 14.6 millones; para luego incrementarse, gracias a laudos arbitrales, a US$ 22 millones en el 2009.

Asimismo, negó en forma reiterada su relación con Odebrecht y Graña y Montero en la Interoceánica Sur (IRSA Sur), pese a que esta última le otorgara un poder ante SUNARP para representar a Conirsa, emitido por el propio Juan Manuel Lambarri y Carlos Montero Graña (gerente general y director de G&M). Indicó Vizcarra que nadie sabía que Odebrecht tenía el 70% de Conirsa, pese a que dicha empresa tenía la misma dirección y el mismo teléfono que Odebrecht en el Perú, y que su empresa fue proveedora importante de la misma en la IRSA Sur entre el 2006 y el 2008, cuando él se desempeñaba como gerente de Operaciones.

Gracias a informes periodísticos, Vizcarra admitió que no renunció como socio de su compañía cuando asumió la jefatura del MTC. Y que fue recién el 23 de marzo del 2018 cuando lo hizo; infringiendo el artículo 126 de la Constitución del Estado, que obliga a los ministros no ser gestores de intereses propios o de terceros, y que no ejerzan actividades lucrativas

Por otro reciente informe periodístico, confirmado por Salvador Heresi y Mercedes Aráoz, se supo que en la reunión sostenida entre Marcos Prialé y Eduardo Sánchez Bernal —representantes de la empresa Casa S.A.— con Pedro Pablo Kuczynski y la cúpula de Peruanos por el Kambio, Vizcarra fungió de jefe de Campaña, para recibir un aporte de US$ 100,000 a nombre del Club de la Construcción; monto que nunca fue declarado ante la ONPE y que, al parecer, fue “pitufeado”. Por similar delito los principales líderes de Fuerza Popular están presos y enjuiciados. Además el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, recientemente ha negado aportes de campaña, aunque él y su esposa figuran como aportantes a la campaña de Peruanos por el Kambio .

Por todo ello, el Congreso de la República, como responsable del control político del Estado, debería nombrar una Comisión Investigadora con el fin de aclarar todas estas sombras que vienen enturbiando el escenario político y que nada bien hacen a la gobernabilidad del país. Martín Vizcarra, quien se ha autoerigido como “líder de la lucha contra la corrupción e impunidad”, tiene la obligación moral de aclarar todas estas irregularidades para que ese viejo refrán que dice “en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso”, no cobre vigencia en nuestro país.