El SIS y el Congreso

A propósito de la derogación de la norma sobre el Consejo Directivo del SIS

El 6 de enero de 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1346, “que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud”, con la finalidad de garantizar “una efectiva prestación” de salud individual de los asegurados a través del subsidio estatal. El Seguro Integral de Salud (SIS) se encontraba en pleno proceso de reorganización al amparo del Decreto Supremo 039-2016-SA, debido a las serias irregularidades detectadas y al escandaloso caso Moreno.

Para otorgar el subsidio del Estado a los ciudadanos pobres el SIS tiene que apelar al Padrón General de Hogares, elaborado por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO), a cargo del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS). Además, para entregar el subsidio a las poblaciones vulnerables, debe recurrir al padrón de beneficiarios elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP). Existen otros tipos menores de beneficiarios —como los presos, soldados del servicio militar voluntario, entre otros— cuyos padrones son elaborados por las instituciones a cargo de dichos beneficiarios (INPE, Fuerza Aérea, Marina y Ejército, etc.).

Las mayores críticas dirigidas contra el SIS se han referido al número elevado de afiliados y a la poca capacidad para filtrar el subsidio estatal. Los 17.5 millones de afiliados representan más del 60% de la población que se beneficia del subsidio estatal, a pesar de que, según los estudios del propio SIS, existe casi un millón de pobres que no están aún afiliados. Es decir, beneficiarios que no deberían tener esa condición y, lo que es más grave, pobres y vulnerables que no reciben el subsidio estatal.

Es obvio que no han hecho su tarea en modo adecuado los sectores involucrados, Midis, Mimp, Mindef e INPE, entre otros. Los padrones que el SIS usa son elaborados por esos sectores. Sin embargo, las críticas y los duros calificativos están dirigidos en forma injusta contra el propio SIS y el Ministerio de Salud. El Decreto Legislativo N° 1346 ha creado los mecanismos para que estos actores involucrados cumplan su función. Incluso le otorga al Midis fondos y doce meses de plazo, prorrogable por doce meses más, para que otorgue al SIS la clasificación socioeconómica que evite las filtraciones.

Además crea un Consejo Directivo con dos representantes del Minsa, uno de los cuales preside el SIS, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un representante del Midis y un representante del Mimp. Es decir, los representantes mayoritarios de los actores involucrados en la marcha del SIS. Es obvio que la participación del MEF es clave, porque es el que desembolsa el subsidio estatal. La coordinación, articulación y complementariedad de estos sectores permitiría la sostenibilidad y la optimización de los servicios financiados con el subsidio estatal. Sin embargo, la falta de comprensión de algunos congresistas llevó a que el Congreso de la República derogue la norma de creación del Consejo Directivo del SIS. Lo que es más grave, es que no se haya formulado propuesta alternativa alguna.

A la tarea pendiente de depurar los padrones de afiliados, se suma el grave déficit financiero que arrastra el SIS desde el año 2009, agravado por el mayor número de afiliados y el incremento de la demanda, debido a que los afiliados son inducidos a hacer uso de su seguro, porque perciben en modo tangible que es su derecho. Al empezar el nuevo gobierno, agosto del 2016, el reclamo de deuda de los hospitales públicos y clínicas privadas, según fuentes del propio SIS, ascendía a S/ 700 millones. Además el presupuesto del SIS para el año 2017 asciende a S/ 1,400 millones, S/ 250 millones menos que el año 2016. Es decir, solo la deuda reclamada representa el 50% de su presupuesto.

La auditoría de esta deuda ha evidenciado una serie de irregularidades, ampliamente difundidas por la prensa, porque en algunos casos son escandalosas. Sin embargo —al margen de las irregularidades, de la corrupción y los delitos—, la deuda existe y bien ha hecho el Ejecutivo al plantear su pago progresivo. Es obvio que es necesario que vuelva el Consejo Directivo del SIS o algo análogo. Continuar la auditoría y que culmine con la sanción de los responsables. Avanzar en el proceso de reestructuración y modificación de los procesos proclives a la corrupción. Y eliminar el dicho “en arca abierta el justo peca”.

Uno de los aspectos más importantes es la colaboración del Poder Legislativo y el Ejecutivo en la celeridad de las soluciones. El tiempo es escaso cuando de lo que se trata es del subsidio para curar al doliente.

Herberth Cuba García