El sentido de la política

La agenda de debate nacional se resume en los temas relativos a la politización de la justicia por los casos de corrupción, vandalismo en el sur del país, la amenaza de huelga en el norte –a causa del fracaso en las obras de infraestructura en previsión del fenómeno de El Niño– y la extradición de delincuentes. A todo ello se suman los escándalos o destapes mediáticos hechos por los programas dominicales, ya sea por inconductas o el diario quehacer de los políticos.

Si reparamos en los años de bonanza económica, fruto de la minería, resulta contradictorio que la distribución de la riqueza en grandes obras de infraestructura en todo el territorio fuera deficitaria y contraproducente para los intereses nacionales. El mal ejercicio de la política no ha fiscalizado la inversión del Gobierno para mejorar la calidad de vida ciudadana al interior del país. Las grandes obras que fueron financiadas tienen un sesgo de corrupción e ineficiencia de resultados. Sin temor a equivocarnos, desde el año 2016 no tenemos ninguna gran obra de infraestructura culminada que sea un símbolo de avance y orgullo nacional.

La reflexión inmediata ante este panorama surge de constatar la distorsión que padecemos sobre la razón y finalidad del ejercicio de la política. Cuando hablamos de política nos referimos a la actividad de naturaleza humana para realizar el bien común. Se trata de la noble acción de una persona en representación y beneficio de su comunidad. Los problemas comunes que aquejan a los miembros de la sociedad se discuten a través de sus representantes para tomar decisiones que les brinden solución. El sistema democrático legitima sus decisiones, tomadas en el pleno de una asamblea, con quienes fueron electos para dirigir el gobierno de una comunidad política.

Si la política es el ejercicio de la actividad humana para realizar el bien común en comunidad, los temas permanentes a discutir por la clase política para un país en vías de desarrollo como el Perú son la plena alfabetización de sus ciudadanos; la prestación de los servicios de agua, desagüe, luz, salud integral, educación; la plena conectividad a través de caminos, autopistas e infraestructura para todo el territorio y con alcance para todos.

La reforma tributaria debe ser planteada desde el Ejecutivo, discutida y aprobada por el Congreso. A través de ella se producirá la distribución de la riqueza, mediante concretas políticas públicas que promuevan la inclusión social e igualdad material entre los ciudadanos. El Gobierno, en resumidas cuentas, se debe ocupar de administrar la hacienda brindando buenos y mejores servicios públicos.

A la par de estas discusiones, es prioritaria la consolidación de un Estado de Derecho en el que la administración de justicia aplique la ley para todos y por igual. Una judicatura y un Ministerio Público compuestos por juristas de prestigio. No existe un Estado democrático y de primer mundo que carezca de un sólido Poder Judicial. Los jueces con sus sentencias realizan la igualdad formal sancionando las infracciones al sistema jurídico sin distinción de personas por su condición política, social o económica.

A diferencia de las crisis macroeconómicas, cíclicas por naturaleza –dado que resulta imposible mantener el control de sus variables en el tiempo– la institucionalidad jurídica y política de un país debe ser continua y sin interrupciones. Por eso, la Constitución se convierte en su garantía de conservación permanente. Se trata del conjunto de principios y reglas que reconocen derechos fundamentales, a luz de instituciones que ejercen el poder mediante un buen gobierno civil.

La crisis que atravesamos surgida por la corrupción debe ser atendida por las instituciones competentes (policía, fiscales, jueces) y no puede detener a la clase política (gobierno y parlamento) que debe ocuparse de los temas que importan al bien común de la comunidad. De realizar esa permanente tarea, el principio de representación política recuperará su sentido y estaremos preparados para afrontar cualquier adversidad, como las inclemencias de los fenómenos naturales, y emprender un desarrollo social, cultural y económico sostenido en el tiempo.