EL ROL VITAL DE LA CONTRALORÍA

Determinar las responsabilidades de funcionarios y servidores públicos

Desde el momento en que el caso Lava Jato salió a la luz se viene cuestionando la eficiencia de la labor de jueces y fiscales cuyas acciones no parecen evitar la impunidad de ex funcionarios públicos y presuntos facilitadores. La mayoría de estos últimos siguen sin restricción alguna de su libertad o con reglas de conducta bastante flexibles, como es el caso de Alejandro Toledo y Nadine Heredia, hoy procesados por lavado de activos. Sin embargo, no debemos perder de vista el importante papel que cumple la Contraloría General de la República en su labor de supervisión de la correcta utilización de los recursos públicos orientada a la transparencia de la gestión pública y la prevención de ilícitos penales que afecten los intereses del Estado.

Un caso de corrupción de tal envergadura, no solo pone a prueba a la administración de justicia, sino también evidencia las falencias de nuestro Sistema Nacional de Control en las acciones de coordinación entre la Contraloría y las oficinas de auditoría interna de las instituciones estatales. ¿Qué pasó para que una maquinaria corrupta se haya diversificado y repetido en su modalidad, gestión tras gestión, sin que se haya tomado medidas al respecto?.

El contralor Edgar Alarcón reveló que de los 23 proyectos —ascendientes a un monto de US$ 16,940 millones— en los cuales participó Odebrecht, la Contraloría auditó 16 proyectos, equivalentes a US$ 11,271 millones de dólares. Se ha determinado un presunto perjuicio económico al Estado peruano de US$ 283 millones, lo que ha sido materia de denuncias ante el Ministerio Público, encontrándose incluso algunos casos en sede judicial. Entonces, ¿cómo es que el Estado Peruano siguió contratando con Odebrecht? ¿Qué sucedió con los procesos de control que debían realizar las oficinas de auditoría interna y las sociedades de auditoría contratadas?

Entre las revelaciones del contralor que llaman poderosamente la atención está que en el caso de la obra IIRSA Norte se detectaron costos irregulares sin sustento, de acuerdo a las bases, y que a la presentación del informe respectivo a Proinversión un ex funcionario del gobierno de Alejandro Toledo se presentó ante el contralor de ese entonces a tratar de interceder por la ejecución de la obra. Si esto fue así, por qué en ese momento la Contraloría no denunció tal hecho? De acuerdo a su ley orgánica constituye una infracción la obstaculización o dilatación para el inicio de una acción de control.
 

La Contraloría cumple un importante papel en la lucha anticorrupción. Su acción fiscalizadora permite determinar las responsabilidades de las acciones de funcionarios y servidores públicos. La información que proporcione a la Fiscalía no solo permitirá identificar a los funcionarios corruptos, sino también la responsabilidad administrativa de las empresas vinculadas y los montos de la rentabilidad de la coima. Es recomendable fortalecer el rol de la Contraloría en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues su labor debe ser incuestionable. Tras lo que nos deja este caso, es válido preguntarse si todas las recomendaciones que emitía la Contraloría respecto de obras irregulares fueron tomadas en cuenta, si se llegaron a realizar las medidas correctivas y, en su defecto, si la Contraloría sancionó. Al final, ¿quién controla al controlador?

Por Elizabeth Zea Marquina