El Poder Ejecutivo hunde al Perú

La policefalia en el Poder Ejecutivo hace que por un lado tengamos a Kurt Burneo tratando de que los ingresos de la mayoría de los peruanos no sigan cayendo y, por el otro, tenemos al presidente Pedro Castillo agitando constantemente las aguas de la confrontación, generando desconfianza y propiciando que cada vez más capitales fuguen del país y que las inversiones se posterguen indefinidamente.

Burneo intenta que la inversión del Estado se acelere, pero es consciente de que la inversión privada repre4senta el 80% del total de inversiones que se ejecutan en el paíus. Por eso, sin inversión privada el desempleo se incrementa y se precarizan principalmente los ingresos de los menos favorecidos. Es decir, el eslogan de “no más pobres en un país rico” solo fue un instrumento eficiente para alcanzar el poder.

Aníbal Torres, el premier de Castillo, se manifiesta en reiteradas oportunidades en contra de lo que denomina la “derecha vacadora” cada vez que le recuerdan que no puede negociar a nombre del Estado, directa o indirectamente, con empresas de su entorno familiar. Peor todavía si estas empresas ya estaban impedidas de hacerlo por normas que se encuentran vigentes y que buscan evitar riesgos de corrupción en contra de los recursos del Estadol. ¿Se están respetando las leyes o desde el Ejecutivo se hace todo lo contrario?

El presidente Castillo ha manifestado en reiteradas oportunidades que no lee periódicos ni ve televisión porque está trabajando para la población más pobre del país.  En todo caso, debería leer e informarse de los reportes que producen los propios organismos del Estado; como el Instituto Nacional de Estadística e Informática que recientemente dio a conocer que la cifra de trabajadores informales alcanza los 9.7 millones, lo que representa que casi 10 millones de jefes de familia perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital, que no cubren la canasta básica familiar.

Quizás, tampoco se ha enterado el presidente Castillo que la producción agraria ha caído en los últimos doce meses y que, al no llegar a adquirir uno de los principales insumos del agro, como lo es la urea, en el 2023 los precios de los alimentos subirán en la economía real, más allá que se establezcan controles de precios. Lo cierto es que, sin mayor producción, accederán a comprar alimentos quienes cuenten con un puesto de trabajo formal y los pobres –a los que dice defender– verán como se refleja en su rostro el flagelo del hambre.

Intentar responsabilizar de la crisis económica a la polarización política es conceder indulgencias a aquellos que no han hecho mérito alguno para merecerlas. Si la crisis económica no se ha profundizado se debe principalmente a la producción minera, cuyos precios en la primera mitad del año permitieron que el Gobierno cuente con mayores ingresos. Y no obstante,haber permitido, por meses y años, la interrupción violenta de operaciones como las de Las Bambas y Cuajone. ¿Quiénes son los responsables de los menores ingresos que recibirán los pobladores de las regiones Apurímac y Moquegua? Dos, la insania y la impunidad; ambas lamentablemente parecen contar con el respaldo del Poder Ejecutivo.