¡El Perú merece seriedad!

La audacia estratégica que exhibe el Presidente Vizcarra, y los resultados que está obteniendo, recomiendan una buena dosis de reflexión y autocrítica para evitar descalabros que se lleven de encuentro al Perú. Especialmente en una coyuntura tan delicada como la que plantea el cáncer de la corrupción, la falencia institucional, el hartazgo ciudadano y la desafección creciente hacia los políticos y la política.

La autocrítica de los principales actores políticos debería partir de hechos. El primero de ellos es identificar a los autores de los proyectos de las leyes sobre las reformas constitucionales y políticas que enviaron al Congreso para su perentoria aprobación. ¿Quien los nombró? ¿Quien es responsable de no haber revisado los defectuosos proyectos normativos producto de su trabajo?

Estas son preguntas claves para hacer rectificaciones imperativas. Porque no ha sido la oposición sino el concierto de constitucionalistas y analistas políticos serios el que advirtió sobre la necesidad de tomar responsablemente las reformas a la Constitución para no incurrir de nuevo en las ligerezas que han dominado a nuestra triste y casi bicentenaria historia institucional. Más allá de las conveniencias estratégicas de corregir el balance de las fuerzas políticas, está la responsabilidad con que un Gobierno serio debe asumir la conducción y el fortalecimiento del estado constitucional de derecho inherente a la democracia representativa.

Si hay conciencia sobre la falencia institucional del país, debe haber más conciencia aún sobre la necesidad de fortalecer el imperio de la fuente primigenia de la institucionalidad, que es la Constitución. Y no impulsar modificaciones improvisadas ni promover una democracia plebiscitaria que nos lleve al modelo detestable que campea en el ALBA del chavismo y las izquierdas corruptas y fracasadas de la región.

Un segundo hecho —necesariamente relacionado con el anterior— es determinar quienes son los responsables de haber nombrado a personajes tan claves en la coyuntura actual, como son el ministro de Justicia y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. El ministro es el asesor jurídico del Gobierno, y como tal necesita la solvencia profesional, la lucidez en el juicio y la serenidad ausentes en la personalidad efervescente del señor Zevallos. Y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso es un representante de Peruanos por el Kambio que está muy lejos de tener la formación y las condiciones mínimas que demanda el ejercicio de sus funciones en esta delicada coyuntura. Ambas designaciones son fruto de decisiones del Gobierno, y ambas constituyen gruesos errores que debería rectificar para estar en condiciones de conducir las etapas que sobrevengan a las reformas que se aprueben y a las normas de desarrollo constitucional y legislativo que se implementarán en los meses venideros.

Una segunda y perentoria responsabilidad es el realismo compartido con que se debe enfrentar el manejo político de la relación Ejecutivo-Legislativo, que ha llegado a un punto de deterioro insostenible. Es un problema tan grave que solo puede arreglarse, con entereza y convicción, mediante un encuentro bien concebido y manejado con la principal fuerza de oposición, como se hace en toda democracia seria y madura. Es necesario el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero de nada servirá si no se asume con valentía y honestidad la perentoria urgencia de un entendimiento civilizado con la oposición mayoritaria. Ese debe ser el primer paso para terminar con la funesta y absurda polarización fujimorismo-antifujimorismo, que ha llegado a extremos tropicales que nos desprestigian como Nación.