El modelo Lula y la Fiscalía

Sobre los indicios de corrupción de empresas brasileñas en el Perú

Cuando Ollanta Humala fue elegido no fueron pocos los que le sugirieron seguir el ejemplo de Lula. Eran los que se fijaban en el correcto manejo macroeconómico y un vigoroso programa de ayuda social. Pero en ese momento, ya el gobierno de Lula había sido acusado de comprar congresistas. Era una corrupción que los representantes del pensamiento políticamente correcto no querían ver.

El modelo de Lula era uno donde los partidos de gobierno y funcionarios cobraban cupos a las empresas constructoras que eran beneficiadas con obras estatales. Lo venían haciendo durante largos años. En la búsqueda de replicar ese modelo quizás esté el sorpresivo interés mostrado por Palacio de Gobierno en repotenciar Petroperú y adquirir para ello la refinería de La Pampilla o volver a la explotación de pozos petroleros. Porque el modelo de la corrupción en Brasil gira alrededor de Petrobras.

Pero la prensa nacional, como se viene señalando, está adelantando conclusiones cuando solo existen indicios. De los procesos judiciales en Brasil se puede obtener pruebas de algunas inconductas o ilícitos, cuyas pistas deben seguirse. De todo lo informado en “Lava Jato”, y que no se trata de visitas o reuniones, hay por ahora dos declaraciones que son graves: Cuando se afirma que había personajes que llegaban a Lima envueltos en miles de dólares para el pago de “propinas” y la del abogado que ha afirmado que la persona a contactar para los negocios en el Perú era una amiga de la esposa del Presidente, la misma que continúa siendo funcionaria en Palacio de Gobierno.

El primer caso puede afectar a la gestión de la señora Villarán y el segundo, obviamente, al gobierno del Presidente Humala. Ninguno de ambos casos ha merecido una declaración del selectivamente diligente Procurador Anticorrupción, ni de quien fuera presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista solidario Enrique Wong. Tampoco del Fiscal de la Nación y menos aún del Contralor General de la República.

Todos ellos coinciden con el Presidente Humala: Hay que investigar los contratos de la Interoceánica, pero no las denuncias que vienen apareciendo y que afectan directamente al entorno presidencial. Claro, porque la Interoceánica tiene que ver con los gobiernos de Toledo y especialmente el de Alan García.

En el caso de la Interoceánica, en un proceso anterior –Castillo de Arena- aparecieron menciones a un tal “Toledo” y alguna iniciales que coinciden con exministro del gobierno toledista. Todos estos indicios deben ser verificados. Hay que pedirle información oficial a Brasil y, de encontrarse pruebas suficientes, se debe iniciar una investigación.

Pero debe evitarse la politización de estas investigaciones en medio del proceso electoral. Especialmente porque la presencia de las constructoras brasileñas data de finales del gobierno de Morales Bermúdez, con lo cual todos los gobiernos nacionales desde ese entonces tendrían conflicto de interés para participar de las investigaciones. También lo tendrían los miembros de la izquierda que participaron del gobierno de Susana Villarán y los de Solidaridad Nacional, que han suscrito contratos con constructoras brasileñas.

Por lo grave que puede resultar esta investigación de aparecer pruebas de actos de corrupción, es que debe dejarse en manos de la Fiscalía, bajo un seguimiento estricto de la prensa nacional. Ni el Congreso, ni los procuradores anticorrupción, parecen tener la independencia necesaria para esta tarea.

Por Juan Carlos Valdivia