El mejor programa social es generar empleo

Diversos estudios, en particular de organismos internacionales como el Banco Mundial, demuestran que el factor clave o más potente para reducir la pobreza es el crecimiento económico. Al menos en el caso peruano este factor explica el 80% de la caída de la pobreza, que a inicio del presente siglo era de alrededor del 50% y en el 2019 solo de  20%. Es decir, 30 puntos porcentuales en 20 años. A pesar de eso, nos dicen que el modelo económico ha fracasado, que no tiene contenido social. Luego, por el Covid-19 y –reitero lo señalado en otros artículos– por el pésimo manejo sanitario y económico para enfrentarlo, la economía se derrumba, pues decrece en -11.1%, afectando severamente el nivel de pobreza de la población, que aumenta en 9.9 puntos porcentuales, alcanzando el 30%. En otras palabras, alrededor de 10 millones de peruanos están en esta lamentable situación por culpa no del modelo sino de la pandemia y la incapacidad del Estado para enfrentarla con eficiencia y eficacia. Pre y post pandemia los programas sociales tuvieron un rol secundario, aunque necesario, para contribuir a la reducción de la pobreza o evitar su incremento.

En este contexto, y próximos a iniciar un nuevo gobierno, es imperativo tener muy claro que lo prioritario es generar más y mejores empleos. Al final la pobreza es un problema de ingresos, por falta de trabajo o por la precariedad del mismo, dado que las familias no pueden solventar la canasta básica de alimentos y servicios. Es cierto que, con visión de mediano y largo plazo,  simultáneamente es crucial e impostergable mejorar la cobertura y calidad de la educación y la salud para propender a incrementar la capacidad y productividad de las personas, lo que les permitirá allegar los recursos que requieren para alcanzar y sostener un mayor bienestar. Esto a la par de mejorar la equidad en la distribución de oportunidades.

Dicho esto, la pregunta es cómo lograr lo anotado. ¿Qué hacer, cuál es la fórmula? La respuesta es directa: más y mejor inversión pública y privada. Pero fundamentalmente la segunda, por su presencia en la actividad productiva de todos los sectores económicos y por su vital participación en las obras de infraestructura que requiere el país. Empero, para que esto sea una realidad, con presencia de capital nacional y extranjero, es imprescindible garantizar estabilidad macroeconómica y que se respete la institucionalidad. Es decir, la libertad de los agentes económicos para actuar e interactuar con otros, el imperio de la ley, la propiedad privada y la transparencia y universalidad de la información.

No obstante la coyuntura actual, y de acceder al gobierno un presidente y equipo que garantice que lo señalado en el párrafo anterior será una realidad, los fundamentos sólidos de la economía nacional respaldan que puedan retomarse de inmediato los proyectos suspendidos. Y lo más relevante, iniciar otros de la amplia cartera de proyectos de infraestructura que contiene el Plan Nacional correspondiente, así como los de múltiples sectores. De esos otros sectores singularizo la minería, por las especiales condiciones positivas que hay; y que se mantendrán por un buen tiempo en el mercado internacional, en particular del cobre, por el volumen de la cartera de proyectos mineros está por encima de los US$ 52,000 millones. Y también por los vasos comunicantes que tiene con diversos sectores intensivos en mano de obra, como manufactura, construcción y servicios. En las regiones donde están las oportunidades de inversión hay alrededor de 3.5 millones de pobres, es decir un tercio del total, de los que más de 600,000 están en condiciones de pobreza extrema. Y no obstante esto último, o quizás justamente por ello, porque el grueso de los conflictos sociales que complican la materialización de las inversiones se vincula a esta actividad.

En diversas ocasiones he manifestado la utilidad que puede tener, para ir solucionando la situación descrita, el Fondo de Adelanto Social (FAS), pues tomándolo como base se puede invertir en la creación de infraestructura y servicios básicos a estas localidades, que vienen demandándolo por años. Esto atenuaría el ambiente negativo contra las inversiones mineras que políticamente se ha inducido, so pretexto de la afectación del medio ambiente, pues los lugareños podrían palpar mejoras concretas gracias a las obras básicas mencionadas, además de abrirse posibilidades de empleo.

Este enfoque se puede ampliar y perfeccionar haciendo realidad la promesa que ha hecho la candidata de Fuerza Popular, referente a entregar en efectivo a las familias de las zonas y áreas de influencia el 40% del canon, Un porcentaje que se explica dado que los últimos diez años las regiones recibieron por concepto de canon y regalías S/ 38,000 millones, de los cuales en promedio solo se ha utilizado el 60%. Si se invierten adecuadamente estos ingresos en los rubros antes señalados, que pueden complementarse con el FAS –para lo cual será conveniente dar asesoría especializada a las regiones y gobiernos locales– no solo se iría cerrando la significativa brecha que existe, también se crearían oportunidades de empleo y negocios, lo que por sí mismo haría que progresivamente se reduzca la necesidad del subsidio del 40%. En concreto, se logra en lo inmediato que el canon que entregan las minas se canalice directamente hacia ingresos a las familias para atender sus requerimientos básicos y ciertas aspiraciones concretas de bienes y servicios, a la par que se realizan las obras de infraestructura y servicios básicos que necesitan, palpando así los beneficios que la inversión minera provee. Se impulsa simultáneamente de manera directa la demanda interna vía consumo e inversión. En este contexto se reducirán y eventualmente desaparecerán los conflictos sociales. 

Cabe mencionar que a través de la inversión se coadyuva al incremento de productividad, complementando las mejoras que genera un adecuado y moderno servicio de salud y educación a todo nivel; y sumado, por cierto, a una acción amplia e intensa en pro de la innovación, la ciencia y la tecnología. El aumento de productividad de los agentes económicos es de suma trascendencia pues, como hemos precisado en muchas ocasiones, en el mediano y largo plazo se constituye en el aspecto central para garantizar un crecimiento alto y de manera sostenida del PIB per cápita y del bienestar general de la población.