El ingreso libre y los exámenes de admisión “bamba”

El polémico anuncio del presidente, Pedro Castillo, para permitir el ingreso libre a las universidades bien puede ser motivo para desentrañar el misterio de diversas universidades; sobre todo de aquellas que se crearon al amparo del Decreto Legislativo 882 del año 1996, en las que los exámenes de admisión son solo un remedo y todos los que postulan a una vacante ingresan a esas casas de estudio de dudosa calidad. Eso explica por qué, a diferencia de las universidades públicas y aquellas privadas de prestigio (Católica, El Pacifico, de Lima, Cayetano Heredia, entre otras) aquellas otras nunca publican la relación de sus ingresantes, por la sencilla razón que a todos se les admite, sin importar el puntaje obtenido. 

Por ejemplo, la Universidad Privada César Vallejo (UCV) es la que en la actualidad tiene la mayor cantidad de alumnos (96,000) en el sistema universitario por la sencilla razón de que admite a todos los que postulan. En la práctica existe entonces de manera informal el “ingreso libre”, solo que quien postula debe poder pagar una pensión que fluctúa entre los S/ 300 a S/ 500 mensuales. En el pasado, antes que se le denegara el licenciamiento, la Universidad Alas Peruanas llegó a tener 65,000 estudiantes, por el simple hecho de que practicaba el ingreso libre de todos los que se acercaban a ella, mientras solo existían exámenes de admisión “bamba”, solo para cumplir las formalidades.

Según informes del INEI del 2018, el total de alumnos matriculados en todas las todas las universidades privadas eran 612,099 estudiantes, mientras que las universidades públicas –donde sí se realizan exámenes de admisión de verdad– solo llegan a un total de 315,327 estudiantes matriculados. 

De hecho, es un contrasentido que la universidad pública, donde en teoría deberían llegar la gran mayoría de jóvenes universitarios, al amparo de la educación gratuita, tal como lo establece formalmente la Constitución y la Ley Universitaria, termine por albergar a la mitad de los universitarios por el simple hecho de que es más fácil llegar a una universidad privada. El marco legal permite que solo estas últimas tengan sedes en cualquier lugar del país, mientras que las públicas se tienen que resignar solo a sus campus universitarios, estando vetados a poner sedes en otras regiones. 

Si los sectores que se oponen a la propuesta presidencial de promover el ingreso libre a las universidades son sinceros y probos, deberían entonces asegurarse de que la Sunedu supervise efectivos procesos de admisión en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Y que las obligue a publicar el listado de los estudiantes que aprobaron un examen de admisión, pero también de los que no aprobaron y la calidad académica de las pruebas realizadas. La Sunedu debería tener la potestad de verificar la calidad de los bancos de preguntas de las oficinas de admisión correspondientes. Un proceso de auditoría del ente regulador y supervisor del sistema universitario, realizado inopinadamente, nos demostraría cuántas universidades realizan exámenes de admisión “bamba” y que otras sí cumplen con estándares académicos apropiados. 

El otro tema que se debe poner en cuestión, a propósito de la propuesta presidencial, es el hecho de que, en realidad, la preparación en academias privadas para rendir exámenes de admisión se ha convertido en realidad, de un modo informal, en otro nivel educativo. esto excluye a los sectores que no tienen recursos para pagar pensiones altas en academias que tienen mejores niveles de preparación. Las propias universidades públicas, sobre todo aquellas de prestigio (San Marcos, UNI y Universidad Agraria, entre otras) han creado centros de preparación pre universitaria, cuyos estudiantes tienen más posibilidades de ingresar a esos centros de estudios, por los parámetros fijados en los propios reglamentos de admisión. Ello se ha convertido en un mecanismo excluyente de los jóvenes que no tienen recursos para acceder a esas academias, convertidas en formas de autofinanciamiento muy alto de universidades públicas, contraviniendo en la práctica la pretendida gratuidad de la enseñanza. 

La propuesta del presidente Castillo, podría dar lugar a un sistema más eficiente que funciona en otros países. Es decir, los jóvenes ingresan libremente a la universidad, pero lo hacen a una fase preparatoria de estudios generales, según el perfil de cada universidad. Luego de un año de esta etapa preparatoria, solo proseguirán sus estudios quienes aprueben esta “preparatoria”, con lo cual se evita una masificación que atenta contra el nivel académico, pero que iguala las oportunidades para todos los jóvenes provenientes de diferentes estratos sociales. Este cambio, en términos prácticos, dejaría de lado el funcionamiento de las academias universitarias privadas, las cuales se han convertido en un verdadero negocio lucrativo y factor de segregación excluyente del sistema universitario. 

Obviamente, la implementación de la fase preparatoria, como funciona en otros países, no podría prohibir a las universidades privadas el derecho al cobro de pensiones, incluso en esta fase; pero sí debería asegurar la calidad de su funcionamiento. Todos estos aspectos implican una modificatoria de la actual Ley Universitaria. Su propósito sería garantizar la calidad de la enseñanza universitaria y además, en términos prácticos, disolvería el excluyente proceso “informal” de la fase privada de academias preuniversitarias privadas, como factor de distorsión del sistema universitario.