El esperpento de una transición bloqueada

Ningún analista serio puede negar que vivimos una crisis de régimen político y que abarca a todos los poderes del Estado, principalmente al sistema de justicia, el Congreso y el sistema electoral. El Ejecutivo ha logrado temporalmente zafarse de esa crisis, por una audaz táctica del Gobierno de Vizcarra de sintonizar con la opinión pública a través de varias iniciativas, entre ellas la probable convocatoria a un referéndum. La buena noticia es que esa crisis, a diferencia de otras en nuestra historia republicana, se produce en un momento en el que existen evidentes indicios de una reactivación económica.

Mirando la situación en el tiempo, el profundo desprestigio de las instituciones del Estado, la corrupción sistémica y el avance del narcotráfico son efecto de la grave irresponsabilidad de quienes luego de la caída del Gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000, no quisieron culminar el proceso de transición que la situación exigía. No se hicieron entonces las necesarias reformas del régimen político, del sistema de justicia y del sistema electoral para evitar que la historia se vuelva a repetir más adelante. Fueron entonces los toledistas, apristas, pepecistas y las propias izquierdas, quienes bloquearon diversas reformas, entre ellas, la anulación del voto preferencial, el voto voluntario, la renovación por tercios del Congreso, la bicameralidad, entre otras.

La misma Ley de Partidos Políticos, que fue aprobada en el 2003, en pleno Gobierno de Toledo, nació muerta porque impidió la democracia interna, la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales y la organización de la ONPE en los procesos electorales. En el bloqueo de esas reformas el Apra y el PPC jugaron un papel nefasto, oponiéndose también a las reformas o mediatizándolas hábilmente; como ocurrió con la ley partidos, al lograr que los candidatos y autoridades partidarias sean elegidos por las llamadas “asambleas de delegados”.

Fue Henry Pease quien, en esos años del toledismo, presidió una Comisión de Reforma Constitucional que dio lugar a varias iniciativas, pero que nunca fueron sometidas a la aprobación del Congreso, con la complacencia de tirios y troyanos. En ese trance, el fujimorismo no era mayoría en el Congreso. La gran responsabilidad del fujimorismo es más reciente, entre los años 2011 hacia adelante, y sobre todo a partir del 2016, cuando obtuvo una holgada mayoría parlamentaria. La misma izquierda, pese a la gritería contra la Constitución de 1993, terminó conviviendo con ella.

La transición que la situación demandaba desde el año 2001 debió tener como propósito la búsqueda de una correspondencia entre el exitoso modelo económico y un sistema político que profundice una institucionalidad liberal para potenciar, en el plano de la superestructura, los avances indiscutibles que el Perú mostraba en el plano de la economía. Pese a ello, la economía creció de manera inusitada hasta el año 2013. Esa bonanza económica impidió ver que, al interior de las instituciones del sistema judicial y de los gobiernos subnacionales crecían una diversidad de mafias, redes del narcotráfico y otras formas de economía ilícita, asomando en el propio sistema político y judicial. El propio modelo económico, en lugar de perfeccionarse, terminó afectado por diversas normas populistas, como las exoneraciones tributarias y aquellas que profundizaron el desorden salarial en el sector público y privado, entre otras.

¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si esa transición daba lugar, por ejemplo, a la aprobación del mecanismo de renovación por tercios del Congreso? La realidad ahora sería completamente diferente, en vista de que aquel mecanismo es el mejor para que, a la mitad de un mandato de Gobierno, la ciudadanía revoque a los malos parlamentarios, pero ratifique a aquellos que sí cumplen su función. En ese caso, la ilusa pretensión de sectores de la ciudadanía y grupos políticos, que quieren aprobar la “no reelección” de congresistas, ahora simplemente caerían en saco roto o quedarían en ridículo. Ni el propio Vizcarra se hubiera atrevido a respaldar esta iniciativa.

Cuando el fujimorismo obtuvo una holgada mayoría parlamentaria en el año 2016, tuvo la excelente oportunidad de convertirse en la verdadera fuerza reformista de un sistema político, judicial y electoral que ya daba muestras de una descomposición. Pero Fuerza Popular no ha querido hacerlo, y ahora carga la mochila de su inacción; y paradójicamente también carga con mochilas ajenas, mientras el toledismo, los nacionalistas y pepecistas, miran desde el balcón.

La crisis actual muestra entonces un grotesco esperpento, cuyos causantes vienen de diversas orillas, de nuestra mal llamada “clase política”. Es un fenómeno que crea un gran vacío de representación y una crisis generalizada en nuestras instituciones, que multiplican el descontento ciudadano. Pero que no llegar más allá, como quisieran los termocéfalos de la izquierda. Y es que la gran diferencia con otras crisis estriba en que se produce con una economía que, pese a todo, muestra ser la principal fortaleza del Perú de hoy. Eso explica por qué una audaz iniciativa del presidente, puede darle cauce a través de una reforma parcial de la Constitución.

En esta perspectiva, el referéndum es una buena iniciativa. Bien realizada puede canalizar, en el marco constitucional, el descontento ciudadano y, por fin, retomar la transición que los “demócratas” bloquearon, entre los años 2000 y 2015, una y otra vez. Y que, en estos dos últimos años, los fujimoristas se han resistido a liderar.