El Congreso en manos de los “niños”

La economía internacional registra ciclos de auge, así como de contracciones, los países que mejor enfrentan esas variaciones son aquellos que aprovechan las oportunidades que les ofrecen sus potencialidades y basan en ellas su desarrollo. En el Perú, el desarrollo de ese potencial suele ser trabado por un sector de su clase política que considera que el crecimiento económico favorece exclusivamente a un segmento de la sociedad; por consiguiente, concluyen, es mejor obstaculizar su positiva evolución. 

Los argumentos para llevar a cabo su cometido son por demás deleznables, pese a existir pruebas irrefutables de que la expansión de las actividades económicas genera mayores recursos para el Estado –que es el ente encargado de diseñar políticas sociales redistributivas–, encargado de ejecutar programas orientados a la igualdad de oportunidades de inicio, como atención adecuada de la salud, calidad educativa y servicios básicos universales, precisamente para los menos favorecidos de la sociedad. No obstante, cada vez que surge una oportunidad para crecer y desarrollarnos, siempre están allí para trabar el desenvolvimiento de la economía, obteniendo como resultado el detrimento de la calidad de vida de los sectores sociales a los cuales dicen defender.

El mejor ejemplo de la incapacidad, corrupción y oportunismo político fue puesto de manifiesto durante el gobierno de Pedro Castillo. Sus aliados naturales, los movimientos subversivos que se alzaron en armas en los años ochenta del siglo XX, su entorno, la izquierda que se llama a sí misma “progre” y que cambia de color morado a rojo carmesí según le convenga; y, por supuesto, los siempre dispuestos a pactar hasta con el enemigo siempre que logren alguna ventaja: Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Vizcarra –perdón, Somos Perú– y los denominados “niños” de Acción Popular.

¡Oh, casualidad!, todo este conglomerado se ha propuesto capturar la Mesa Directiva del Poder Legislativo para el período 2023-2024. Si logran la conducción de este poder del Estado, el Perú volverá a emitir un mensaje de desconcierto entre los inversionistas nacionales y extranjeros, a quienes con gran esfuerzo el Gobierno está tratando de persuadir para que vuelvan a confiar en el país. Cierto que estamos atravesando un período de estabilidad y razonabilidad, pero este se puede quebrar muy fácilmente si desde el Congreso se vuelve a agitar las banderas de la vacancia presidencial.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado a conocer sus proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2023, que estima en 2.5%, en tanto que otros analistas consideran que la expansión será menor a 2%. Ninguna de estas cifras permitirá reducir la pobreza; pero, al parecer, eso es lo que menos les interesa a los grupos de izquierda y sus aliados circunstanciales.

Ante este escenario, lo apropiado es que la presidencia de la república recupere la iniciativa política. Dina Boluarte debe hacer pública las intenciones de sus opositores; hay maneras cómo comunicarlas. El Perú necesita evitar que nuevas crisis política se presenten, proponer vacancia sin justificación alguna o elevar el ruido político injustificadamente ocasionará una retracción en la toma de decisiones para invertir, cuando lo que se requiere es todo lo contrario.

La semana pasada, desde la Sociedad Nacional de Industrias se propuso al Poder Ejecutivo el establecimiento de políticas sectoriales que promuevan otros motores que impulsen la generación de empleo productivo mediante la expansión del PBI. Una de las propuestas es la referida a la reinversión de utilidades, entre otras reglas económicas que han servido para convertir al Perú en el principal productor mundial de muchos productos agroexportadores. O aquellas medidas que promovieron la inversión y el crecimiento de la actividad minera en los noventa, cuyo efecto multiplicador a favor de la economía nacional es trascendente y descentralizado. Sin embargo, ninguna de estas propuestas tendrán éxito por el simple hecho de ser promulgadas; detrás de ellas estará siempre la decisión de una clase política madura, más allá de sus matices, para asumir la racionalidad económica y dejar de lado el oportunismo y la corrupción que parece haber invadido la política nacional.