Dina Boluarte: inquilina fantasma de Palacio de Gobierno

Dina Ercila Boluarte, natural de Chalhuanca (Apurímac), ingresó el pasado 7 de diciembre del 2022 a los anales de la historia del Perú, como la primera mujer presidente del país. Un sueño realizado tras varias campañas por Lourdes Flores Nano y Keiko Sofia Fujimori. Sin embargo, la realidad superó las expectativas, y más allá de las características indiscutibles de la mujer peruana –fortaleza ante la adversidad, firmeza en sus principios, amor por los suyos y compromiso con su familia– Boluarte decepcionó al país. Ni el coraje de Micaela Bastidas, ni la herencia de Arguedas y “todas las sangres”, ni la sapiencia de Juan Espino “El Lunarejo” afloraron en su discurso del domingo para darnos tranquilidad, certidumbre jurídica y estabilidad democrática. Y aunque las comparaciones son siempre odiosas, creo que de lejos Lourdes Flores y Keiko Fujimori, hubieran sido mejores presidentas que Dina Boluarte.

Aristóteles decía que la turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos. Y al parecer esa turbulencia derrumba el país, mientras Boluarte renuncia en su mente y en sus acciones al cargo de presidente y se entrega a la neutralidad que le impone la calle bajo amenaza. Y olvida las atribuciones y obligaciones de un presidente de la República, que son cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales; velar por el orden interno y la seguridad exterior del país; y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Ante su impávida reacción el país va sin brújula, lo que ha permitido que algunos presidentes del continente sudamericano –de corte izquierdista– arremetan contra el Perú desde diversos foros, distorsionando la realidad y evidenciado la pésima defensa externa del estado.

Cómplice o no de Castillo, Dina Boluarte contribuye con su pasividad a crear mayor inestabilidad al sistema democrático peruano, generando un deterioro en la representación, la legitimidad y la institucionalidad. Sus actos convierten en regla la caída de presidentes, promovida por quienes, desde las calles, en menor número y con sus muertos a cuestas se denominan el pueblo soberano.

La presidenta Boluarte, con una denuncia penal por genocidio y lesa humanidad y una moción de vacancia presentada por 20 congresistas, ha planteado un desesperado adelanto de elecciones para octubre del 2023 y la asunción de mando en enero del 2024, enfatizando que de no aprobarlo el Congreso ella presentaría una iniciativa de reforma constitucional para solicitar dicho cambio. Cree acaso Boluarte que el Congreso aceptará la propuesta de una presidenta temerosa, sin respaldo parlamentario. ¿Cree que el Congreso es su mesa de partes? Boluarte le hace le juego a la izquierda y debe renunciar si no es capaz de gobernar el país. 

Sin embargo, preocupa la debilidad de nuestro cuerpo legislativo que parece contagiarse de Boluarte negando su legitimidad y representación, y cediendo a la turbulencia de los demagogos populistas que pretenden derriba nuestra democracia y su constitución. Obligarse a disolverse y convocar a elecciones generales es un error por el que la historia juzgará a esta generación de políticos, ante la falta de convicción para defender el sistema y sus instituciones. El Congreso debe decidir el retorno a la paz y la gobernabilidad, sea convocando a elecciones el 2023 o el 2024, o manteniéndose. Pero tiene la obligación moral de decidir.

Dina Boluarte es casi un fantasma en palacio, dentro de poco empezará a arrastrar las cadenas sus denuncias y se convertirá en la llorona de la casa de Pizarro si su moción prospera. Nunca olvidemos, sin embargo, lo que decía el poeta norteamericano Charles Burowsk: “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”.