Destino del país en manos de la oposición

El mensaje a la nación de Pedro Castillo ha sido una reiteración de sus promesas de campaña, edulcorado con un llamado a la reconciliación nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, vía una propuesta legislativa a ser aprobada previamente por el Congreso. 

Como no podía faltar en un discurso político, tuvo colofón de demagogia: “No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales…”. Ha señalado que el Palacio será cedido al Ministerio de las Culturas. El plural lo alinea con el discurso de la plurinacionalidad de Evo Morales y de Elisa Loncón, presidente de la Convención Constituyente de Chile. 

Para hacer efectiva la larga lista de deseos expresada, que pueden tener mucho de reivindicación y satisfacción de necesidades de sectores sociales postergados, se requiere pasar inexorablemente por el Congreso de la República para la aprobación respectiva, dado que se necesitarán recursos del tesoro público o endeudamiento. En esta situación estará la entrega de fondos para las municipalidades, caminos carrozables, el bono para afectados por el Covid- 19, las líneas de financiamiento a las mypes, al agro y al turismo.

Está en esta lista, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No he anotado el costo de traslado y nueva sede del despacho presidencial, de la Presidencia del Consejo de Ministros y vivienda de la familia presidencial, venida desde la lejana provincia de Chota, de la región Cajamarca. 

Pero no solo los temas presupuestales deben pasar por el Congreso, sino también decisiones como la disponibilidad del Estado de los recursos naturales, que constitucionalmente pertenecen a la nación (artículo 66), y que las condiciones para su utilización se establecen mediante ley orgánica (Ley 26821), que tendría que cambiarse para que los concesionarios y licenciatarios dejen de tener propiedad de los recursos extraídos.

Hay más tarea para el recinto parlamentario. Es el caso de la intervención del Banco de la Nación como agente competidor del mercado de banca y servicios financieros, dado que el artículo 60 de la Constitución señala que el Estado solo mediante ley expresa puede realizar subsidiariamente una actividad empresarial. 

También tendrá que transitar por el Congreso la decisión de que la estatal Petroperú intervenga en todas las actividades integradas de una empresa petrolera, si bien desde el 2006 la Ley 28840 le permite hacerlo, mediante la Ley 30130 se le limita a no utilizar recursos del Tesoro Público o a que no genere pasivos contingentes. Dado el alto nivel de endeudamiento a largo plazo por el Proyecto de Modernización de Refinería Talara, que asciende a US$ 3,900 millones, necesitará aporte de capital o mayor endeudamiento, lo que pasa por aprobación mediante ley.

Finalmente, la reiteración de la vieja promesa, de unificar a los sistemas de salud, incluyendo a Essalud, implica cambiar la ley que rige el manejo de esta institución. Están en manos del Legislativo estas decisiones, todas muy controvertidas y que necesitarán debates técnicos en los que los gremios empresariales y profesionales, así como los opinantes públicos, deben sustentar la conveniencia o inconveniencia. 

Los votos decidirán, y en este terreno no hay nada definitivo. Que el bloque progubernamental formado por Perú Libre, Somos Perú, Juntos por el Perú y Partido Morado haya salido de carrera en la elección de la mesa directiva por un acto administrativo no significa que sean débiles. Son 50 votos disciplinados, a los que podrían sumar 16 y hacer mayoría calificada en determinados temas. Las disidencias por el lado de los otros partidos serán un riesgo permanente que deberá tenerse presente.