Desobediencia civil en La Convención

La semana pasada la mancomunidad de alcaldes y las organizaciones sociales de la provincia cusqueña de La Convención —donde se encuentra el yacimiento de Camisea—, acordaron una paralización de 48 horas los días 21 y 22 de octubre para boicotear el censo nacional, debido a que el INEI y el gobierno nacional atentaban contra los límites territoriales de la provincia. El destacado periodista Ebert Solís (de Quillabamba) señalaba que esta movilización tiene el carácter de una desobediencia civil frente al Estado corrupto y al incompetente Gobierno pepekausa.

El ingeniero Carlos Tisoc, asesor de varias organizaciones sociales dijo: “La actitud del Gobierno de recortar el territorio de La Convención es para crear cortinas de humo para que el pueblo convenciano no reclame por la renegociación del contrato de Camisea”. Además, señaló que lo que está en disputa son los recursos maderables y mineros de la provincia y dijo que la movilización campesina va impedir esta pretensión del centralismo limeño.

Javier Pozo Ugarte explicó: “La Convención ha recibido en los últimos diez años aproximadamente S. 6,000 millones, pero el 90% de su población no tiene agua potable ni desagüe. Es más, no tenemos un hospital ni colegios adecuados, y las carreteras que unen la provincia son peligrosísimas. Para colmo de males, el sector agrario atraviesa una grave crisis productiva. Es decir, estamos viviendo una etapa de recesión a pesar de tener inmensos recursos”, afirmó indignado.

Por otro lado, los dirigentes del distrito de Quellouno, encabezado por Neil Calderón, son los que lideran la organización campesina. Ellos se movilizaron masivamente bloqueando carreteras y dicen que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender su territorio. Asimismo, dirigentes universitarios de la Universidad Pluricultural de La Convención repudiaron el convenio que el Gobierno hizo con la desprestigiada Universidad Cesar Vallejo, debido a las denuncias de plagio y estafa de su propietario César Acuña.

Voceros de las Fuerzas Armadas señalan que desde Lima no ven, ni entienden el inmenso apoyo campesino y la lucha silente de los machiguengas, piros y las diversas organizaciones nativas que lograron la creación de los distritos de Megantoni, Incahuasi y Villa Kintarina. El mismo proceso de movilización popular ocurre en Huanta (Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica) y algunos distritos de Junín (como San Martín de Pangoa), que aspiran a convertirse en provincias y luego en una región.

El profesor Ernesto Álvarez de Kiteni denunció que: “El Gobierno, el Congreso y, el Gobierno regional permiten el abuso de las empresas del consorcio Camisea como Transportadora de Gas del Perú (TGP), que paga una miseria al consejo menor de Kiteni por el aeródromo. TGP es una empresa que maltrata a sus trabajadores, a los que no les quiere pagar utilidades. Además, reveló que en la comunidad Uchuypampa, en el distrito de Tambillo (Huamanga), instaló los ductos, pero su socia Graña y Montero hasta ahora no cumple con construir la planta envasadora que comprima el gas para distribuirlo como gas virtual en diez ciudades de la sierra central (Huamanga, Huanta, Huancavelica, Abancay, Andahuaylas, Cusco, Huancayo, Jauja, Juliaca y Puno). Incluso, existe el proyecto de instalar un parque industrial en Huamanga con el gas barato. Todo eso es una farsa de TGP y del gobierno”.

La Convención, cuna del sindicalismo campesino es un polvorín social que puede estallar y remecer todo el país. Pero parece que el Gobierno no quiere escuchar los tambores de guerra que retumban en todo el Perú.

Tino Santander Joo