Custodiemos a la minería

La minería, como parte del sistema productivo peruano, tiene presencia desde épocas remotas. Siempre existieron diversas opiniones sobre esta actividad, marcadas por ciertas posiciones “ético-ideo-políticos” que, en los últimos tiempos –por ausencia de liderazgos comprometidos con el desarrollo local, regional o nacional–, han perdido sustento. Esas opiniones han cedido su lugar a confrontaciones en las que, al parecer, priman los intereses secundarios y económicos; especialmente los intereses de liderazgos que, lamentablemente, han lanzado por la borda aspectos relacionados con el bienestar colectivo que antaño marcaban el discurrir de sectores sociales ciertamente productivos, en escenarios donde la presencia campesina es aún mayoritaria.

El rol histórico otrora demandado a los trabajadores mineros, hoy enfrentados (en términos de sobrevivencia) con sus paisanos “campesinos”, permite recordar a paladines del socialismo que pusieron énfasis en la relación trabajadores mineros-comuneros; es Alberto Flores Galindo en La agonía de Mariátegui, quien alude a propósito de la polémica con la Komintern y desde la perspectiva de Mariátegui que, en nuestro país el sector de vanguardia del proletariado estaba constituido por los mineros; remarcando que su condición de ser paralelamente obreros y campesinos, hacía de ellos personajes imprescindibles para dirigir una revolución donde contaba tanto el aporte obrero como el campesino. En esos trabajadores (afirmaba Mariátegui) se combinaba de manera peculiar lo moderno y lo occidental que podía encontrarse en el sindicalismo, con todas las antiguas tradiciones andinas. Alianza o simbiosis que los “practicantes izquierdistas” prisioneros de sus propias comodidades y escondidos tras la multitud para pasar desapercibidos, hacen explotar en los actuales momentos, llevándolos -con la complicidad de algunas empresas mineras- a enfrentamientos no tanto de “clases” sino familiares; el corte de agua al campamento de Cuajone por más de cuatro semanas, constituye una muestra de acciones inhumanas, deplorable de por sí, que no debería repetirse en ningún lugar del país.

En ese contexto llama la atención en primer término, el silencio cómplice y dilatorio de las autoridades gubernamentales, frente a las actuales confrontaciones de comuneros con empresas mineras cuya inversión y aporte a la economía nacional es bastante conocida, al igual que la contratación de miles de trabajadores, la mayoría de las cuales son de la propia zona, nos referimos a MMG Las Bambas (Apurímac), Southern Perú Cooper Corporation (Moquegua), entre otros; y en segundo lugar, preocupa la presencia provocadora de personajes anti mineros como Jorge Rimarachín Cabrera, conocido por su oposición a proyectos como Conga en Cajamarca , Tía María en Arequipa, entre otros, como Secretario de Demarcación y Organización Territorial y encargado de la Secretaría de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), instancia estatal encargada de solucionar conflictos , más no de incentivarlos con su inoperancia.

En tanto la producción minera contribuye a la generación de divisas, incide en el crecimiento de la economía, el funcionamiento de las economías y dinámicas de las regiones, municipios distritales, así como en los ingresos familiares y condiciones de pobreza, resulta necesario su mantenimiento, promoción y crecimiento en un escenario de desarrollo sostenible e inclusivo que beneficie principalmente a las poblaciones más alejadas y pobres del país. Hoy, se requiere junto al adecuado manejo de las necesidades y retos que plantean los conflictos que afectan algunos de los proyectos mineros más prometedores, la asunción de compromisos entre los niveles de gobierno, las empresas, comunidades y población orientados a modificar favorablemente el área rural apostando por su progreso.