Cuando la prensa teme al Gobierno, hay tiranía

Esta semana hemos presenciado la consecuencia explícita de una serie de atentados discursivos, legales y políticos que el Gobierno de Pedro Castillo viene perpetrando contra la libertad de prensa. El deplorable secuestro de los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, bajo amenaza de atentar contra sus vidas para que graben un video en favor del Gobierno central, es solo la punta del iceberg de una construcción narrativa y de un accionar político que busca remecer los fundamentos del estado de derecho en el Perú.

Realizar una investigación que va a contrapelo de los intereses de Castillo parece constituir, para estos radicales, un argumento suficiente para considerar que tienen el derecho a hacer uso de la amenaza de violencia para censurar a la prensa. El comunicado de la Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC) evidencia cuán lejos ha llegado el mensaje contra los periodistas que ha desarrollado Perú Libre, haciéndolos responsables políticos de esto.

En este mensaje se apela a la “diversidad” que existe en las formas de administración de justicia que el estado de derecho garantiza, y se defiende el derecho de las rondas campesinas a dirimir unilateralmente si es que se realiza un uso abusivo de la libertad de expresión. Bajo este paraguas de afirmar que “el derecho a la libertad de expresión e información no es absoluto”, se pretende enmascarar lo que no es más que justicia por mano propia, cuando se es, a la vez, juez y parte.

Es cierto que existen límites a la libertad de expresión, especialmente cuando se afecta el derecho al honor de las personas. Pero una investigación periodística que dice la verdad no afecta este derecho; mucho menos cuando el personaje involucrado es el propio Presidente de la República o sus familiares, quienes deben estar sujetos al escrutinio ciudadano. Y mucho menos aún se puede usar la violencia, sin juicio alguno, para forzar una rectificación.

Este discurso de la “prensa basura” y de los límites a la libertad de expresión viene siendo utilizado con mucha fuerza por todas las izquierdas, y no solo por los ronderos y los radicales de Perú Libre. Ya desde marzo 2021, personajes vinculados al Partido Morado, como Violeta Bermúdez, buscaron hacer uso de denuncias fiscales contra Beto Ortiz y el canal Willax TV por simplemente poner a la luz un estudio que daba resultados poco favorables para la vacuna Sinopharm que compró el gobierno de Francisco Sagasti.

Verónika Mendoza se sumó al cargamontón. Julio Guzmán, frente a las críticas que se le hicieron por escándalos personales, también arremetió contra la prensa, en lugar de actuar como un político y enfrentar la situación. Ni qué decir sobre el plantón que se armó en la casa del periodista Ortiz por opinar acerca de la doble moral que existió en cuanto a los muertos por las marchas de noviembre 2020. 

¿Qué está pasando? Existe una clara escalada en el discurso contra la prensa que trasluce, en algunos políticos, un facilismo que les permite evadir su responsabilidad frente a la ciudadanía. Y en otros, el arma perfecta para minar la libertad de expresión y perseguir a los opositores. Los incentivos son claros.

Decía Thomas Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos –la democracia más longeva de la historia de la humanidad– que ahí donde los gobiernos temen a la gente, existe libertad; pero donde la gente teme al gobierno, hay tiranía. Siendo la prensa el principal intermediario entre la gente y el gobierno, bien podríamos reformular la frase de esta forma: “cuando el gobierno teme a la prensa, hay libertad; y cuando la prensa teme al gobierno, hay tiranía”. Y de seguir así, todos aquellos que han labrado este discurso, serán cómplices de la destrucción de los cimientos de la democracia en el Perú.