Crisis final de la credibilidad

¿Es posible que el Congreso confíe en el gobierno tras fuga de Martín Belaunde?

La bancada de Fuerza Popular anuncia que no dará al gobierno de Ollanta Humala facultades delegadas para legislar. Esto se debe a la crisis final de la credibilidad del gobierno a raíz de la sospechosa, avisada, fuga de Belaunde Lossio de su arresto domiciliario en La Paz. Por la responsabilidad que al gobierno le cabe en esa situación, la primera bancada de la oposición, Fuerza Popular, está presentando una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y una denuncia penal contra el procurador anticorrupción a cargo del caso.

En efecto, es imposible ya confiar en el gobierno. Y es irresponsable entonces darle las facultades que demanda. Cosa diferente es aprobar las leyes necesarias para el crecimiento de la economía y la lucha contra la delincuencia. Pero la delegación de facultades ya está fuera de lo posible. El gobierno no las merece. Ya nadie cree en su palabra.

Si el premier, Pedro Cateriano, quiere hacerle un servicio calificado a la democracia, debe permanecer firme, ahora más que antes, en la decisión que se le atribuye de no hacer cuestión de confianza ante el Congreso de la dación de facultades con el oculto propósito de disolverlo si se las niega. Incluso debería declinar ahora ese pedido, no importa cuál sea la presión del gobierno en ese sentido. Cateriano se juega aquí no solo un puesto en el gobierno, sino su integridad personal si acepta ser títere de propósitos subalternos, dirigidos a blindar el encubrimiento de la corrupción.

Incluso el presidente boliviano, Evo Morales, está deslindando al respecto con Humala. El reiterado uso de la palabra delincuente para referirse a Belaunde Lossio es un mensaje al mandatario peruano. Bolivia está quedando como un refugio de delincuentes y su presidente apareciendo ante la comunidad internacional como cómplice de una operación de blindaje de corrupción. Evo lo ha dicho explícitamente.

Y ha echado a dos ministros peruanos a los leones junto con su propio ministro. Por el gobierno boliviano sabemos ahora no solo que el Ministerio de Justicia nunca objetó el arresto domiciliario de Belaunde Lossio y jamás pidió que fuera recluido en una prisión, sino que tampoco es cierto lo que afirmaba el titular del Interior en el sentido de que se había fijado fecha para la entrega de Belaunde Lossio al Perú. El canciller de Bolivia ahora –y no solo ya el presidente de la Conare- sostiene que el Perú nunca contestó el pedido boliviano de fijar esa fecha. El propio presidente Humala se ha visto luego obligado a reconocer que la fecha nunca se fijó y que el Perú tampoco pidió que Belaunde Lossio fuera internado en un penal.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Esto compromete al gobierno en la sospecha de que arrastró los pies y actuó con deliberada negligencia en toda la materia desde el primer día. Y a un gobierno que no tiene ya credibilidad alguna, no se le puede confiar facultades para legislar.

Por Jorge Morelli

27 – May – 2015